Autonomía Financiera y Administrativa

La Independencia Económica Del Organismo Judicial

La justicia es fundamental para el desarrollo económico y social de los países. En general, los países que tienen altos niveles de ingreso per cápita y de desarrollo humano también son aquellos que tienen sistemas de justicia más fuertes y menores niveles de violencia.

La calidad y eficiencia de la justicia, así como la fiabilidad de esta, repercute en los ciudadanos y en la economía y sobre todo coadyuvan en la disminución de la violencia social,  en la medida en que permite, por ejemplo: resolver conflictos pacíficamente; garantizar a las personas su seguridad y la de sus posesiones; y, proteger en forma efectiva los derechos de los ciudadanos.

En Guatemala, la justicia es administrada por el Organismo Judicial, compuesto por: la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y juzgados y demás órganos judiciales del país.

Un mecanismo para garantizar la Independencia Judicial es asignar un presupuesto adecuado al Organismo Judicial, para que pueda cumplir en forma efectiva sus obligaciones de administración de justicia.  Sin embargo, otros poderes del Estado, especialmente, el Congreso de la República,  tienen la función de controlar la asignación presupuestaria.  Esta facultad  puede ser empleada en algunas ocasiones, como un medio para intentar someter las decisiones del Poder Judicial a través de la disminución de fondos. Es importante, fiscalizar cual es el grado de asignación presupuestaria del Poder Judicial, para verificar si existen represalias políticas o presiones indebidas a través de coartar la capacidad económica. Es por ello, que en muchos países, para garantizar la independencia judicial se han establecidos asignaciones constitucionales, para evitar los intentos de control del Poder Judicial por esta vía. En el presente reporte se hace un estudio, sobre el panorama del presupuesto del Organismo Judicial de Guatemala en los últimos años, así como la asignación per cápita y compararlo con otros países de América Latina. 

Presupuesto del Poder Judicial

Cada año, el Congreso de la República aprueba un presupuesto para el Organismo Judicial, el cual es entregado por el Ministerio de Finanzas. Según  el artículo 213 de la Constitución Política de la República, al Poder Judicial debe asignársele una cantidad no menor al 2 % del Presupuesto de Ingresos Ordinarios del Estado. Sin embargo, y a pesar de lo establecido en la Constitución, en el año 2016, no  se le  asignó dicho porcentaje.

Así, en 2016 al OJ se le asignaron Q. 1191,867,311.00, lo cual representa el 1.68% del presupuesto nacional del Estado, que ascendió a Q. 70.796,000.000.00 Esto no solo violenta el texto constitucional, sino representó una reducción del 38% del Presupuesto asignado al Organismo Judicial con relación al año 2015.

En efecto, en el año 2015 se le asignaron al Organismo Judicial Q. 1,617,6133.00,  equivalentes al 2.72% del Presupuesto Nacional. A juicio de una Magistrada del Organismo Judicial, quien pidió o ser identificada, la reducción del presupuesto fue una represalia del Congreso por las resoluciones que emitió la CSJ dando trámite a antejuicios contra varios diputados. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a cifras oficiales. 

 

En términos per cápita, el presupuesto del Organismo Judicial es uno de los más bajos del continente. El presupuesto per cápita de 2015, fue de Q.118.91.  En 2015, este presupuesto bajó a Q.72.04 por habitante, una pérdida neta de Q.46.51. por habitante.

Al hacer una conversión con relación al gasto per cápita por dólar, se puede apreciar que el gasto per cápita de 2015 fue de US $13.45. Dicho gasto disminuyó en 2016, a US $9.47. 

El anterior análisis comparativo anterior revela que Guatemala es uno de los países con más bajo gasto en el sistema de justicia a nivel de América Latina.

La media en América Latina es de 38.52 dólares per cápita, lo cual coloca a Guatemala en apenas una cuarta parte de la media regional. Si bien la situación mejoró para 2017, sigue encontrándose muy por debajo de la media regional. El presupuesto aprobado para el año 2017 es de 2526 millones de quetzales, con una aportación constitucional de 1220 millones de quetzales. Esto quiere decir que el Estado gasta Q.74 quetzales por habitante en justicia. Si se toma en consideración todo el presupuesto del Organismo Judicial, incluyendo los fondos privativos, el gasto en justicia per cápita asciende a 152.72 quetzales. En dólares esta cantidad es de US$.20 por habitante, por lo que sigue estando por debajo de la media latinoamericana.

 

Monitoreo Medios

Presentación del Informe Justicia en Riesgo

El 29 de noviembre se presentó el primer informe del Observatorio de Independencia Judicial en Guatemala, titulado Justicia en Riesgo.   En la mesa principal participaron la magistrada de la Corte Suprema de Justicia María Eugenia Morales; el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas; el Comisionado Iván Velásquez, jefe de la CICIG; la jueza Patricia Gámez del Instituto de la Judicatura; el doctor Olger González de la Secretaría Ejecutiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y el Embajador Peter-Dereck Hof, del Reino de los Países Bajos.

Entre los asistentes se contó con la presencia del Magistrado Francisco de Mata Vela, Presidente de la Corte de Constitucionalidad; el Magistrado de Ranulfo Rojas de la Corte Suprema de Justicia; representantes del Consejo de la Carrera Judicial; el fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI; jueces de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad y del Instituto de la Judicatura, así como otros funcionarios de justicia, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional.

Durante la presentación, la Magistrada María Eugenia Morales resaltó que el informe cobraba mucha importancia en la coyuntura que vive el país porque la independencia judicial es fundamental para “construir un verdadero Estado de Derecho con plena participación social”.

Por su parte, el Procurador Jordán Rodas señaló que: “la función jurisdiccional es también un servicio público”, por lo que aplaudió la existencia de un observatorio que someta a escrutinio ciudadano el quehacer de jueces y magistrados. “Una de las formas más efectivas de proteger los derechos humanos es garantizar la independencia del poder judicial”, expresó. Por lo que instó al Estado a otorgarle los recursos suficientes al Organismo Judicial para que los jueces y magistrados ejerzan su función y que “se transparenten los procedimientos adecuados para su nombramiento y remoción”.

Las palabras de cierre del evento estuvieron a cargo del Comisionado Iván Velásquez, quien saludó a “los jueces y fiscales independientes de Guatemala, comprometidos en la lucha contra la corrupción” y recordó que una tarea pendiente en el país es la “reforma estructural al sistema de justicia”.  Asimismo, dijo que “no puede existir un juez objetivo e imparcial cuando está sometido a presiones externas e internas”.  El Comisionado llamó a los jueces a ser “críticos, participativos y exigentes” y a “ser los primeros interesados en lograr que el Organismo Judicial esté integrado por las personas más idóneas, capaces y honorables”.

 

Los resultados del informe Justicia en Riesgo fueron presentados por Alejandro Rodríguez, coordinador del Programa de Justicia de Impunity Watch. En concreto, se refirió a las condiciones normativas y funcionales, así como a las prácticas que garantizan o impiden la independencia judicial en Guatemala, a la luz de los estándares internacionales en la materia.  En la investigación se encontraron importantes avances en la persecución penal de casos de corrupción, justicia transicional y crimen organizado, gracias al trabajo imparcial y valiente de fiscales y jueces independientes. 

Sin embargo, se constató que persisten problemas normativos que permiten la injerencia del poder político en la justica, presiones indebidas por parte de las autoridades del Organismo Judicial hacia los jueces y amenazas externas de grupos de poder y bandas criminales que buscan la impunidad. Se identificaron redes de corrupción a nivel local y nacional en las que participan fiscales, jueces, abogados y otros actores de poder político. 

La corrupción sigue siendo un problema grave dentro del Poder Judicial y sigue siendo uno de los principales retos que debe enfrentar la justicia guatemalteca. El informe contiene importantes recomendaciones sobre normas, políticas y prácticas que deben implementarse para fortalecer la independencia de las y los jueces. 

Preocupantes declaraciones presidenciales

El Observatorio de Independencia Judicial en Guatemala
Ante la opinión pública manifiesta:



Su preocupación por las declaraciones del Presidente de la República del 7 de julio del presente año, en donde criticó públicamente una resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia. Dichas declaraciones contravienen el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que garantiza la independencia judicial y constituyen una amenaza a la separación de poderes.


Además, ve con preocupación el recorte de 840 millones de quetzales del presupuesto actual del Organismo Judicial, lo cual afecta directamente el funcionamiento de la justicia,  en un momento en el que se conocen casos de gran relevancia para el país.  Esta noticia se conoció el mismo día de las declaraciones del Presidente de la República contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia.

Pide al Gobierno y al Ministerio de Finanzas Públicas que haga entrega exacta y puntual de los fondos asignados al Organismo Judicial de conformidad con el presupuesto asignado para 2017. Igualmente, insta al Organismo Judicial a que mejore su gestión administrativa y dote a los tribunales de justicia con el personal y los recursos necesarios para que funcionen efectivamente.

Finalmente, exhorta al Organismo Legislativo a que retome la aprobación de las reformas constitucionales, dentro de las cuales se contempla un incremento presupuestario para el Organismo Judicial. 


Guatemala, 8 de julio de 2017

Corte Suprema de Justicia retira inmunidad a magistrado Giovanni Orellana

Miércoles, 7 de junio de 2017. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) retiró la inmunidad al magistrado de la Sala Segunda de Apelaciones, Civil y Mercantil, Eddy Giovanni Orellana Donis, por enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo, aceptación ilícita de regalo e incumplimiento de prestar declaración jurada patrimonial. Dicha solicitud fue realizada por la CICIG y el Ministerio Público. Fue dada con lugar, luego de que una comisión pesquisidora así lo recomendara.

(Fuente: Prensa Libre) Leer artículo completo aquí.

Magistrada Gloria Porras denuncia acoso

Sábado 27 Mayo 2017. Un juez llegó a la Corte de Constitucionalidad ayer para verificar el estado de salud de la magistrada Gloria Porras, en seguimiento a un recurso de exhibición personal presentado por la Fundación Contra el Terrorismo, con el objetivo de determinar “si puede o no seguir en el cargo”.  A esta acción se suma una denuncia penal por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y retardo de la justicia, interpuesta por el abogado Mario Isaac Acevedo Ramírez.

(Fuente: El Periódico).  Leer el artículo completo aquí.

Convocatorias

Convocatoria para Juez de Extinción de Dominio del Departamento de Guatemala

El Consejo de la Carrera Judicial (Concurso por oposición CCJ-26-2017), convoca a jueces de primera instancia en servicio a participar en el concurso para la provisión de la plaza que a continuación se indica:

- Guatemala, Juez de instancia juzgado de primera instancia de extinción de dominio (1 plaza provisional de juez de primera instancia de Extinción de dominio del municipio y departamento de Guatemala).

De Interés

Equidad de Género en la Justicia

En el 2017 Impunity Watch iniciará una investigación para examinar cómo funcionan las relaciones de género en el sistema judicial, y el rol de las mujeres en el Organismo Judicial.  La investigación se realizará en el marco de la implementación de la Resolución 1325 de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad, y los resultados del estudio servirán para proponer políticas de equidad de género en el sistema judicial.

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Campaña Manos Limpias por la Justicia

Es una campaña para promover la ética profesional entre los funcionarios de justicia.   A través de un compromiso escrito, los jueces, magistrados y otros funcionarios judiciales se comprometen a actuar con honradez y resolver de manera objetiva e imparcial, sin aceptar injerencias ni corrupción de ningún tipo.  La campaña inició en el 2015 por el Instituto de la Judicatura y actualmente es impulsada por grupos de jóvenes universitarios que visitan periodicamente juzgados y tribunales de todo el país para pedir el compromiso de los funcionarios judiciales.

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