Autonomía Financiera y Administrativa

La Independencia Económica Del Organismo Judicial

La justicia es fundamental para el desarrollo económico y social de los países. En general, los países que tienen altos niveles de ingreso per cápita y de desarrollo humano también son aquellos que tienen sistemas de justicia más fuertes y menores niveles de violencia.

La calidad y eficiencia de la justicia, así como la fiabilidad de esta, repercute en los ciudadanos y en la economía y sobre todo coadyuvan en la disminución de la violencia social,  en la medida en que permite, por ejemplo: resolver conflictos pacíficamente; garantizar a las personas su seguridad y la de sus posesiones; y, proteger en forma efectiva los derechos de los ciudadanos.

En Guatemala, la justicia es administrada por el Organismo Judicial, compuesto por: la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y juzgados y demás órganos judiciales del país.

Un mecanismo para garantizar la Independencia Judicial es asignar un presupuesto adecuado al Organismo Judicial, para que pueda cumplir en forma efectiva sus obligaciones de administración de justicia.  Sin embargo, otros poderes del Estado, especialmente, el Congreso de la República,  tienen la función de controlar la asignación presupuestaria.  Esta facultad  puede ser empleada en algunas ocasiones, como un medio para intentar someter las decisiones del Poder Judicial a través de la disminución de fondos. Es importante, fiscalizar cual es el grado de asignación presupuestaria del Poder Judicial, para verificar si existen represalias políticas o presiones indebidas a través de coartar la capacidad económica. Es por ello, que en muchos países, para garantizar la independencia judicial se han establecidos asignaciones constitucionales, para evitar los intentos de control del Poder Judicial por esta vía. En el presente reporte se hace un estudio, sobre el panorama del presupuesto del Organismo Judicial de Guatemala en los últimos años, así como la asignación per cápita y compararlo con otros países de América Latina. 

Presupuesto del Poder Judicial

Cada año, el Congreso de la República aprueba un presupuesto para el Organismo Judicial, el cual es entregado por el Ministerio de Finanzas. Según  el artículo 213 de la Constitución Política de la República, al Poder Judicial debe asignársele una cantidad no menor al 2 % del Presupuesto de Ingresos Ordinarios del Estado. Sin embargo, y a pesar de lo establecido en la Constitución, en el año 2016, no  se le  asignó dicho porcentaje.

Así, en 2016 al OJ se le asignaron Q. 1191,867,311.00, lo cual representa el 1.68% del presupuesto nacional del Estado, que ascendió a Q. 70.796,000.000.00 Esto no solo violenta el texto constitucional, sino representó una reducción del 38% del Presupuesto asignado al Organismo Judicial con relación al año 2015.

En efecto, en el año 2015 se le asignaron al Organismo Judicial Q. 1,617,6133.00,  equivalentes al 2.72% del Presupuesto Nacional. A juicio de una Magistrada del Organismo Judicial, quien pidió o ser identificada, la reducción del presupuesto fue una represalia del Congreso por las resoluciones que emitió la CSJ dando trámite a antejuicios contra varios diputados. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a cifras oficiales. 

 

En términos per cápita, el presupuesto del Organismo Judicial es uno de los más bajos del continente. El presupuesto per cápita de 2015, fue de Q.118.91.  En 2015, este presupuesto bajó a Q.72.04 por habitante, una pérdida neta de Q.46.51. por habitante.

Al hacer una conversión con relación al gasto per cápita por dólar, se puede apreciar que el gasto per cápita de 2015 fue de US $13.45. Dicho gasto disminuyó en 2016, a US $9.47. 

El anterior análisis comparativo anterior revela que Guatemala es uno de los países con más bajo gasto en el sistema de justicia a nivel de América Latina.

La media en América Latina es de 38.52 dólares per cápita, lo cual coloca a Guatemala en apenas una cuarta parte de la media regional. Si bien la situación mejoró para 2017, sigue encontrándose muy por debajo de la media regional. El presupuesto aprobado para el año 2017 es de 2526 millones de quetzales, con una aportación constitucional de 1220 millones de quetzales. Esto quiere decir que el Estado gasta Q.74 quetzales por habitante en justicia. Si se toma en consideración todo el presupuesto del Organismo Judicial, incluyendo los fondos privativos, el gasto en justicia per cápita asciende a 152.72 quetzales. En dólares esta cantidad es de US$.20 por habitante, por lo que sigue estando por debajo de la media latinoamericana.

 

Elección de Cortes

Organizaciones internacionales expresan preocupación por elección de cortes

10 organizaciones internacionales expresaron su preocupación por las anomalías en el proceso de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.   

Las organizaciones firmantes son: Open Society Justice Initiative (OSJI), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Abogados sin Fronteras Canadá, Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Oficina en Washington para Asuntos, Latinoamericanos (WOLA), RFK Human Rights, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Impunity Watch, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho así como Guatemala Human Rights Commission.  

El comunicado completo en este enlace

 

Cortes en juego: el desempeño de las Salas de Apelaciones de Guatemala

Impuntiy Watch analizó el desempeño de las Salas de Apelaciones del ramo penal durante el período 2014-2019. Los resultados forman parte de este estudio denominado “Cortes en Juego: el desempeño de las Salas de Apelaciones de Guatemala”. 

El informe completo está en este enlace.

Irregularidades en el proceso de elección de Cortes de Guatemala

El proceso para elegir a la próxima Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones de Guatemala se está desarrollando de manera apresurada.  Las comisiones de postulación establecieron un cronograma de seis semanas de trabajo para evaluar a los aspirantes y enviar al Congreso de la República la nómina de 26 candidatos para la CSJ y 270 candidatos para ocupar las 45 Salas de Apelaciones que tiene el país.

Ddurante este proceso tan acelerado, las comisiones han omitido algunos pasos importantes y han tomado algunas decisiones cuestionables que podrían poner en riesgo la legitimidad del proceso.  A continuación, examinamos algunas de las anomalías que

Informe: Irregularidades en el proceso de elección de cortes

Foro Internacional Sobre Elección De Altas Cortes En Guatemala

31 de Julio de 2019

El pasado miércoles, Impunity Watch (IW) en alianza con otras organizaciones internacionales realizaron el foro internacional denominado “Desafíos de Guatemala para la elección de las Altas Cortes”, en la Ciudad de Guatemala. La Ponencia principal estuvo a cargo de Fernando Cruz, quien destacó la relevancia de la Independencia del poder judicial; luego la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), realizo la presentación de su informe “comisiones de postulación: desafíos para asegurar la independencia judicial”, el cual fue discutido por el panel de expertos integrado por: Alejandra Manavella de CEJIL, Juan Ramírez de American Bar Association y José Gonzales de Impunity Watch.

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CIJ llama al respeto de príncipios éticos en las Postuladoras.

15 de julio de 2019

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) emitió un comunicado después de que la Misión Internacional para la Observación de Elecciones de Magistrados finalizara sus actividades en el país. 

En el comunicado se hace un llamado a los distintos sectores que integrarán las Comisiones de Postulación para que se apliquen y respeten de forma rigurosa los principios y jurídicos que busquen evitar vicios en el proceso de Elección de Cortes.

La CIJ indicó que no deben concursar para ser magistrados aquellas personas que actualmente integren las Comisiones de Postulación, ni quienes estén ocupando puestos públicos relevantes dentro de la administración pública. Así mismo la CIJ llama a definir cuidadosamente y objetivamente el perfil de los participantes y la tabla de gradación con la que serán calificados.