Independencia Interna

La independencia interna se refiere al diseño de aspectos funcionales u  organizativos en el interior de las entidades de justicia, que protegen al juez frente a los propios órganos de administración, de manera que no estén expuestos a factores que debiliten una actuación independiente, que puedan presionar al juez a fallar en un determinado sentido. 

(c) Sandra Sebastian, CC BY-SA 3.0 GT


Los Principios de Naciones Unidas garantizan como elementos centrales de la independencia interna los siguientes aspectos:

  • Competencia profesional, selección y formación
  • Condiciones de servicio e inamovilidad
  • Secreto profesional e inmunidad
  • Medidas disciplinarias, suspensión y separación del cargo

Sobre este punto, los Principios de Naciones Unidas señalan  que "10. Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. Todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos. En la selección de los jueces, no se hará discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o condición; el requisito de que los postulantes a cargos judiciales sean nacionales del país de que se trate no se considerará discriminatorio."

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su parte, ha señalado que los plazos de duración de los cargos judiciales deben ser vitalicios o tener una duración suficiente, para que el juez o magistrado no se vea comprometido en su independencia, por la necesidad de asegurar la prolongación o renovación de su mandato y que debe primar el principio de estabilidad en el ejercicio del cargo.  Los jueces solo podrán ser cesados por causas taxativamente establecidas por la ley y en procedimientos que observen las garantías judiciales mínimas. 

Para el análisis de la independencia interna se han establecido indicadores orientados a verificar si la organización de las funciones internas del gobierno Judicial cumplen los valores y principios de una sociedad democrática e impiden que el juez esté subordinado o sometido a presiones indebidas por parte de autoridades del propio Poder Judicial.

Para ello se medirán siete aspectos de la independencia interna:

  1. Sistemas de selección y nombramiento: Verifica si los órganos de selección y nombramiento de jueces cumplen con los pasos legalmente establecidos de conformidad con la ley y reglamentos en cada una de las convocatorias correspondientes a cada categoría judicial (jueces de paz, jueces de primera instancia, magistrados de salas de la  corte de apelaciones y magistrados de CSJ.

  2. Estabilidad e inamovilidad: Analiza los plazos de duración de los periodos de nombramiento de jueces y magistrados, las causas legalmente establecidas de suspensión, para verificar si se encuentran sometidos al riesgo de destituciones arbitrarias o a condiciones de renovación del cargo que permitan ejercer presiones indebidas a los órganos nominadores, Así como adoptar mecanismos de traslados o condiciones o cargas laborales que pueden suponer situaciones laborales discriminatorias.

  3. Sistema de Evaluación del Desempeño:  Analiza si el sistema para medir el desempeño de jueces, es objetivo y se encuentra basado en parámetros de calidad, aplicables a la función judicial, con base en criterios razonables sobre el ejercicio del cargo,  equitativos y verificables, que permitan asegurar la competencia profesional y la rendición de cuentas del juez o magistrado.  

  4. Régimen disciplinario: Determina el funcionamiento de los sistemas de inspección de la actuación judicial y del régimen disciplinario, con base en las garantías del debido proceso.   Esto incluye los procedimientos de designación de los responsables de los sistemas disciplinarios, para garantizar su idoneidad ,independencia,  imparcialidad y objetividad.

  5. Discriminación o represalias: Los obstáculos de facto o de iure que personas que pertenece a un colectivo o grupo pueden enfrentar para acceder al cargo de juez o magistrado, mantenerse en el mismo, o cualquier ejercicio de discriminación basada en género, origen étnico, preferencia sexual, filiación política o religiosa o cualquier otra circunstancia.

  6. Seguimiento y acompañamiento ante vulnerabilidades: Analiza la capacidad interna de la administración del Poder Judicial, para dar seguridad a los jueces, juezas y personal auxiliar de forma general, los sistemas de  evaluación de riesgos que enfrentan los jueces en casos concretos, y si los protocolos de seguridad vigentes cumplen con los estándares necesarias para proteger de forma efectiva a los funcionarios judiciales. Como ha indicado la Corte IDH "el Estado debe garantizar que funcionarios judiciales y demás operadores de justicia cuenten con un sistema de seguridad y protección adecuado, tomando en cuenta las circunstancias de los casos a su cargo y el lugar donde se encuentran laborando, que les permita desempeñar sus funciones con debida diligencia."

  7. Libertad de expresión y asociación: si los jueces y juezas pueden asociarse libremente, sin temor a represalias por pertenecer a organizaciones gremiales y el análisis sobre las posibles represalias, diferencias de trato o discriminaciones hacia los jueces afiliados a estos movimientos.

 

 

Monitoreo Medios

Presentación del Informe Justicia en Riesgo

El 29 de noviembre se presentó el primer informe del Observatorio de Independencia Judicial en Guatemala, titulado Justicia en Riesgo.   En la mesa principal participaron la magistrada de la Corte Suprema de Justicia María Eugenia Morales; el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas; el Comisionado Iván Velásquez, jefe de la CICIG; la jueza Patricia Gámez del Instituto de la Judicatura; el doctor Olger González de la Secretaría Ejecutiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y el Embajador Peter-Dereck Hof, del Reino de los Países Bajos.

Entre los asistentes se contó con la presencia del Magistrado Francisco de Mata Vela, Presidente de la Corte de Constitucionalidad; el Magistrado de Ranulfo Rojas de la Corte Suprema de Justicia; representantes del Consejo de la Carrera Judicial; el fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI; jueces de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad y del Instituto de la Judicatura, así como otros funcionarios de justicia, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional.

Durante la presentación, la Magistrada María Eugenia Morales resaltó que el informe cobraba mucha importancia en la coyuntura que vive el país porque la independencia judicial es fundamental para “construir un verdadero Estado de Derecho con plena participación social”.

Por su parte, el Procurador Jordán Rodas señaló que: “la función jurisdiccional es también un servicio público”, por lo que aplaudió la existencia de un observatorio que someta a escrutinio ciudadano el quehacer de jueces y magistrados. “Una de las formas más efectivas de proteger los derechos humanos es garantizar la independencia del poder judicial”, expresó. Por lo que instó al Estado a otorgarle los recursos suficientes al Organismo Judicial para que los jueces y magistrados ejerzan su función y que “se transparenten los procedimientos adecuados para su nombramiento y remoción”.

Las palabras de cierre del evento estuvieron a cargo del Comisionado Iván Velásquez, quien saludó a “los jueces y fiscales independientes de Guatemala, comprometidos en la lucha contra la corrupción” y recordó que una tarea pendiente en el país es la “reforma estructural al sistema de justicia”.  Asimismo, dijo que “no puede existir un juez objetivo e imparcial cuando está sometido a presiones externas e internas”.  El Comisionado llamó a los jueces a ser “críticos, participativos y exigentes” y a “ser los primeros interesados en lograr que el Organismo Judicial esté integrado por las personas más idóneas, capaces y honorables”.

 

Los resultados del informe Justicia en Riesgo fueron presentados por Alejandro Rodríguez, coordinador del Programa de Justicia de Impunity Watch. En concreto, se refirió a las condiciones normativas y funcionales, así como a las prácticas que garantizan o impiden la independencia judicial en Guatemala, a la luz de los estándares internacionales en la materia.  En la investigación se encontraron importantes avances en la persecución penal de casos de corrupción, justicia transicional y crimen organizado, gracias al trabajo imparcial y valiente de fiscales y jueces independientes. 

Sin embargo, se constató que persisten problemas normativos que permiten la injerencia del poder político en la justica, presiones indebidas por parte de las autoridades del Organismo Judicial hacia los jueces y amenazas externas de grupos de poder y bandas criminales que buscan la impunidad. Se identificaron redes de corrupción a nivel local y nacional en las que participan fiscales, jueces, abogados y otros actores de poder político. 

La corrupción sigue siendo un problema grave dentro del Poder Judicial y sigue siendo uno de los principales retos que debe enfrentar la justicia guatemalteca. El informe contiene importantes recomendaciones sobre normas, políticas y prácticas que deben implementarse para fortalecer la independencia de las y los jueces. 

Preocupantes declaraciones presidenciales

El Observatorio de Independencia Judicial en Guatemala
Ante la opinión pública manifiesta:



Su preocupación por las declaraciones del Presidente de la República del 7 de julio del presente año, en donde criticó públicamente una resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia. Dichas declaraciones contravienen el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que garantiza la independencia judicial y constituyen una amenaza a la separación de poderes.


Además, ve con preocupación el recorte de 840 millones de quetzales del presupuesto actual del Organismo Judicial, lo cual afecta directamente el funcionamiento de la justicia,  en un momento en el que se conocen casos de gran relevancia para el país.  Esta noticia se conoció el mismo día de las declaraciones del Presidente de la República contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia.

Pide al Gobierno y al Ministerio de Finanzas Públicas que haga entrega exacta y puntual de los fondos asignados al Organismo Judicial de conformidad con el presupuesto asignado para 2017. Igualmente, insta al Organismo Judicial a que mejore su gestión administrativa y dote a los tribunales de justicia con el personal y los recursos necesarios para que funcionen efectivamente.

Finalmente, exhorta al Organismo Legislativo a que retome la aprobación de las reformas constitucionales, dentro de las cuales se contempla un incremento presupuestario para el Organismo Judicial. 


Guatemala, 8 de julio de 2017

Corte Suprema de Justicia retira inmunidad a magistrado Giovanni Orellana

Miércoles, 7 de junio de 2017. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) retiró la inmunidad al magistrado de la Sala Segunda de Apelaciones, Civil y Mercantil, Eddy Giovanni Orellana Donis, por enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo, aceptación ilícita de regalo e incumplimiento de prestar declaración jurada patrimonial. Dicha solicitud fue realizada por la CICIG y el Ministerio Público. Fue dada con lugar, luego de que una comisión pesquisidora así lo recomendara.

(Fuente: Prensa Libre) Leer artículo completo aquí.

Magistrada Gloria Porras denuncia acoso

Sábado 27 Mayo 2017. Un juez llegó a la Corte de Constitucionalidad ayer para verificar el estado de salud de la magistrada Gloria Porras, en seguimiento a un recurso de exhibición personal presentado por la Fundación Contra el Terrorismo, con el objetivo de determinar “si puede o no seguir en el cargo”.  A esta acción se suma una denuncia penal por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y retardo de la justicia, interpuesta por el abogado Mario Isaac Acevedo Ramírez.

(Fuente: El Periódico).  Leer el artículo completo aquí.

Convocatorias

Convocatoria para Juez de Extinción de Dominio del Departamento de Guatemala

El Consejo de la Carrera Judicial (Concurso por oposición CCJ-26-2017), convoca a jueces de primera instancia en servicio a participar en el concurso para la provisión de la plaza que a continuación se indica:

- Guatemala, Juez de instancia juzgado de primera instancia de extinción de dominio (1 plaza provisional de juez de primera instancia de Extinción de dominio del municipio y departamento de Guatemala).

De Interés

Equidad de Género en la Justicia

En el 2017 Impunity Watch iniciará una investigación para examinar cómo funcionan las relaciones de género en el sistema judicial, y el rol de las mujeres en el Organismo Judicial.  La investigación se realizará en el marco de la implementación de la Resolución 1325 de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad, y los resultados del estudio servirán para proponer políticas de equidad de género en el sistema judicial.

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Campaña Manos Limpias por la Justicia

Es una campaña para promover la ética profesional entre los funcionarios de justicia.   A través de un compromiso escrito, los jueces, magistrados y otros funcionarios judiciales se comprometen a actuar con honradez y resolver de manera objetiva e imparcial, sin aceptar injerencias ni corrupción de ningún tipo.  La campaña inició en el 2015 por el Instituto de la Judicatura y actualmente es impulsada por grupos de jóvenes universitarios que visitan periodicamente juzgados y tribunales de todo el país para pedir el compromiso de los funcionarios judiciales.

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