Independencia Interna

La independencia interna se refiere al diseño de aspectos funcionales u  organizativos en el interior de las entidades de justicia, que protegen al juez frente a los propios órganos de administración, de manera que no estén expuestos a factores que debiliten una actuación independiente, que puedan presionar al juez a fallar en un determinado sentido. 

(c) Sandra Sebastian, CC BY-SA 3.0 GT


Los Principios de Naciones Unidas garantizan como elementos centrales de la independencia interna los siguientes aspectos:

  • Competencia profesional, selección y formación
  • Condiciones de servicio e inamovilidad
  • Secreto profesional e inmunidad
  • Medidas disciplinarias, suspensión y separación del cargo

Sobre este punto, los Principios de Naciones Unidas señalan  que "10. Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. Todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos. En la selección de los jueces, no se hará discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o condición; el requisito de que los postulantes a cargos judiciales sean nacionales del país de que se trate no se considerará discriminatorio."

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su parte, ha señalado que los plazos de duración de los cargos judiciales deben ser vitalicios o tener una duración suficiente, para que el juez o magistrado no se vea comprometido en su independencia, por la necesidad de asegurar la prolongación o renovación de su mandato y que debe primar el principio de estabilidad en el ejercicio del cargo.  Los jueces solo podrán ser cesados por causas taxativamente establecidas por la ley y en procedimientos que observen las garantías judiciales mínimas. 

Para el análisis de la independencia interna se han establecido indicadores orientados a verificar si la organización de las funciones internas del gobierno Judicial cumplen los valores y principios de una sociedad democrática e impiden que el juez esté subordinado o sometido a presiones indebidas por parte de autoridades del propio Poder Judicial.

Para ello se medirán siete aspectos de la independencia interna:

  1. Sistemas de selección y nombramiento: Verifica si los órganos de selección y nombramiento de jueces cumplen con los pasos legalmente establecidos de conformidad con la ley y reglamentos en cada una de las convocatorias correspondientes a cada categoría judicial (jueces de paz, jueces de primera instancia, magistrados de salas de la  corte de apelaciones y magistrados de CSJ.

  2. Estabilidad e inamovilidad: Analiza los plazos de duración de los periodos de nombramiento de jueces y magistrados, las causas legalmente establecidas de suspensión, para verificar si se encuentran sometidos al riesgo de destituciones arbitrarias o a condiciones de renovación del cargo que permitan ejercer presiones indebidas a los órganos nominadores, Así como adoptar mecanismos de traslados o condiciones o cargas laborales que pueden suponer situaciones laborales discriminatorias.

  3. Sistema de Evaluación del Desempeño:  Analiza si el sistema para medir el desempeño de jueces, es objetivo y se encuentra basado en parámetros de calidad, aplicables a la función judicial, con base en criterios razonables sobre el ejercicio del cargo,  equitativos y verificables, que permitan asegurar la competencia profesional y la rendición de cuentas del juez o magistrado.  

  4. Régimen disciplinario: Determina el funcionamiento de los sistemas de inspección de la actuación judicial y del régimen disciplinario, con base en las garantías del debido proceso.   Esto incluye los procedimientos de designación de los responsables de los sistemas disciplinarios, para garantizar su idoneidad ,independencia,  imparcialidad y objetividad.

  5. Discriminación o represalias: Los obstáculos de facto o de iure que personas que pertenece a un colectivo o grupo pueden enfrentar para acceder al cargo de juez o magistrado, mantenerse en el mismo, o cualquier ejercicio de discriminación basada en género, origen étnico, preferencia sexual, filiación política o religiosa o cualquier otra circunstancia.

  6. Seguimiento y acompañamiento ante vulnerabilidades: Analiza la capacidad interna de la administración del Poder Judicial, para dar seguridad a los jueces, juezas y personal auxiliar de forma general, los sistemas de  evaluación de riesgos que enfrentan los jueces en casos concretos, y si los protocolos de seguridad vigentes cumplen con los estándares necesarias para proteger de forma efectiva a los funcionarios judiciales. Como ha indicado la Corte IDH "el Estado debe garantizar que funcionarios judiciales y demás operadores de justicia cuenten con un sistema de seguridad y protección adecuado, tomando en cuenta las circunstancias de los casos a su cargo y el lugar donde se encuentran laborando, que les permita desempeñar sus funciones con debida diligencia."

  7. Libertad de expresión y asociación: si los jueces y juezas pueden asociarse libremente, sin temor a represalias por pertenecer a organizaciones gremiales y el análisis sobre las posibles represalias, diferencias de trato o discriminaciones hacia los jueces afiliados a estos movimientos.

 

 

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