La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados Margaret Satterthwaite, visitó Guatemala del 12 al 23 de mayo de 2025. Durante su estadía en el país se reunió con jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, legisladores, actores de la sociedad civil, pueblos indígenas y altos funcionarios de los tres poderes del Estado. Además, visitó dos regiones del interior del país: Alta Verapaz y Quetzaltenango para hablar con actores locales.
En su informe preliminar de la visita se refirió a los problemas centrales que afectan al sistema de justicia de Guatemala: el sistema de selección y nombramiento de autoridades judiciales, la carrera judicial, la formación judicial, la profesión jurídica, el Ministerio Público, la criminalización, y el acceso a la justicia.
Estas son las 12 recomendaciones más importantes:
- Impulsar reformar legales, con participación de la sociedad civil, para que el proceso de renovación de magistrados y magistradas sea escalonado.
- Reformas para la publicación anticipada de criterios de selección, entrevistas públicas y evaluaciones independientes del desempeño de los funcionarios actuales. Excluir de los procesos de selección a candidatos que se encuentren vinculados con corrupción o el crimen organizado.
- Las evaluaciones de honorabilidad deben ir más allá de unos antecedentes penales limpios, y la sociedad civil debe ayudar a evaluar a los candidatos y auditar el proceso. Todas las decisiones de nombramiento deben justificarse de forma transparente y por escrito.
- Restablecer el Consejo de la Carrera Judicial como una institución de control verdaderamente autónoma, con recursos y que funcione con mérito y transparencia.
- Debe cesar cualquier traslado o reasignación de un juez sin su consentimiento y sin justificación.
- Fortalecer la calidad de la educación jurídica y salvaguardar la autonomía de las universidades. Se deben establecer procesos rigurosos de acreditación y evaluación periódica de las facultades de Derecho, llevados a cabo por organismos técnicos independientes y basados en indicadores claros, objetivos y públicamente disponibles.
- El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) debe restaurar la integridad y credibilidad de la institución, dando prioridad al cumplimiento de la ética, garantizando la transparencia de los procedimientos disciplinarios y restableciendo la confianza pública y profesional.
- La fiscal general debe poner fin a las destituciones, sanciones y traslados arbitrarios de fiscales. Se deben publicar las cifras actualizadas sobre despidos y traslados, y se deben resolver las reclamaciones laborales pendientes.
- Realizar una revisión exhaustiva de la Ley Orgánica del Ministerio Público para adecuar la práctica de Guatemala a sus obligaciones internacionales en materia de independencia judicial.
- Establecer un mecanismo de evaluación independiente del funcionamiento del Ministerio Público, como lo recomendó la CIDH.
- El Ministerio Público debe poner fin a la criminalización y el Poder Judicial debe examinar urgentemente los asuntos penales que puedan estar relacionados con la criminalización.
- El Poder Judicial debe garantizar una asignación verdaderamente aleatoria de los casos a los jueces.
Adicionalmente, recomendó al Poder Legislativo impulsar reformas legales para garantizar la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia
El informe completo se encuentra disponible aquí: