Independencia estructural

La independencia estructural mide la autonomía financiera, administrativa, así como la transparencia y la publicidad del Organismo Judicial.

La justicia es uno de los pilares fundamentales para la democracia y para la construcción de una sociedad en paz. Por lo tanto, el rol de las juezas y jueces es importante para garantizar una administración de justicia transparente, independiente y eficaz, según los valores de respeto a los derechos humanos. Existen varios instrumentos internacionales que establecen estándares sobre la independencia judicial. El sistema de Naciones Unidas ha establecido veinte Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura. En el principio 1 se proclama que “La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura”.

La idea es garantizar que los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.

La independencia orgánica o estructural que establece la independencia del Organismo Judicial respecto a los otros poderes del Estado, tal y como lo define la Ley del Organismo Judicial, en su artículo 52, “que no estará sujeto a subordinación de ningún organismo o autoridad”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reforzado este concepto al indicar que los Estados parte deberían “adoptar medidas legislativas para asegurar que el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo no tengan la potestad de designar al Presidente o Presidenta de las altas cortes o designar a las juezas o jueces que integrarán las salas de las Cortes o Tribunales, con el fin de dejar dicha potestad en las propias Cortes y fortalecer de este modo la independencia interna del Poder judicial”.

Además, la CIDH ha enfatizado que un aspecto esencial para garantizar la independencia institucional es que el poder judicial cuente con recursos suficientes para posibilitar el desempeño adecuado de las funciones que se les han encomendado y no dependa para su disposición y manejo de otros poderes o entidades del Estado. Por ello recomiendan la existencia de una norma constitucional que asigne un porcentaje del presupuesto estatal para el Organismo judicial.

En relación a la Independencia Estructural, el Observatorio analiza los siguientes aspectos:

Autonomía financiera y administrativa así como transparencia y publicidad.