El 18 de agosto de 2025, durante el 194 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se celebró la audiencia sobre el caso de Gloria Porras VS Guatemala. Este trata las violaciones a la independencia judicial de la exmagistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras y su familia mientras ejerció dicho cargo entre 2011 y 2021.
En la audiencia también se abordó la anulación de su designación como magistrada por el Consejo Superior Universitario (CSU) para el período 2021-2025. Esto ocurrió tras una resolución arbitraria, ilegal y discriminatoria de la CC.
En la audiencia participaron el presidente de la Comisión, Juan Luis Caballero, y las comisionadas Andrea Pochak, Roberta Clarke y Gloria de Mees. La representación de Gloria Porras estuvo a cargo de abogados del Robert F. Kennedy Human Rights, Impunity Watch y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Por parte del Estado de Guatemala, comparecieron representantes de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh).
Argumentos de los representantes de Gloria Porras
Durante la audiencia, Gloria Porras detalló los ataques y actos de hostigamiento que recibió por parte de autoridades estatales y actores privados por emitir resoluciones judiciales que afectaron intereses de sectores políticos, militares y económicos.
Porras refirió que los ataques iniciaron cuando emitió el voto razonado en contra de la decisión de la CC de anular la condena por genocidio emitida contra el exdictador Efraín Ríos Montt en 2013. Los ataques de grupos de exmilitares, políticos y empresarios se intensificaron tras suspender la expulsión del Comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y apoyar otras resoluciones que buscaban defender la democracia y el Estado de Derecho.
Ataques de intimidación y acoso
Los actos de intimidación incluyeron vigilancia y seguimiento por parte de fuerzas de seguridad, campañas de desprestigio sistemático y generalizado por parte de Netcenters que actuaban en ese momento de forma coordinada y con apoyo estatal. Además, un patrón recurrente el uso indebido del derecho penal, se manifestó con más de 80 denuncias contra Gloria Porras por sus resoluciones. Muchas de esas acciones promovidas por el presidente, el procurador General de la Nación y el presidente del Congreso en esos años.
Anulación arbitraria de elección
Todos estos actos de hostigamiento culminaron cuando se le impidió arbitrariamente tomar posesión del cargo como magistrada electa por el Consejo Superior Universitario (CSU) el 13 de abril de 2021, lo que le obligó a un exilio forzado. Posteriormente, la CC anuló su elección por el CSU para el periodo 2021-2026 con una sentencia que fue contraria a las obligaciones internacionales de asegurar procesos públicos, transparentes y a viva voz. Además, se señaló que la resolución fue discriminatoria, pues solo anuló la elección de Porras como magistrada titular, pero no la del suplente, que fue efectuada a través del mismo procedimiento.
Por todo ello, durante la audiencia se pusieron de manifiesto las violaciones a los derechos a la independencia judicial, a las garantías judiciales mínimas, a acceder a cargo público en condiciones de igualdad y a un recurso judicial efectivo para la protección de los derechos frente a decisiones arbitrarias.
También se señalaron los impactos que todas estas acciones tuvieron en la integridad personal y la vida de Gloria Porras y su familia, que se han visto obligado a vivir en el exilio desde el año 2021. Esto constituye una forma de tortura psicológica y una violación al derecho a la circulación y residencia.
Posición del Estado
El Estado reconoció que se habían violentado los derechos a la independencia judicial de Gloria Porras y ofreció iniciar un procedimiento de solución amistosa en el marco del artículo 41 de la CIDH. Esto buscaría que bajo los auspicios de la CIDH, las partes convengan las reparaciones de carácter individual y familiar cometidas por el Estado de Guatemala y las medidas de no repetición para adecuar los procesos de elección a altas cortes en Guatemala a los estándares internacionales en materia de independencia judicial.
Relevancia del caso para la elección de la Corte de Constitucionalidad (CC) en 2026
La audiencia reviste especial relevancia porque en 2026 los tres poderes del Estado, la Universidad de San Carlos (USAC) y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) deberán elegir a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes de la Corte de Constitucionalidad.
El caso de Porras evidencia cómo la elección del CSU fue manipulada con el objetivo de impedir su designación en un tercer período, lo que constituye un antecedente preocupante para el próximo proceso de elección. Si estas prácticas no son corregidas, el escenario de 2026 podría repetirse bajo las mismas dinámicas de captura institucional: impugnaciones presentadas fuera de plazo, amparos utilizados como herramienta de bloqueo político y resoluciones emitidas sin competencia, todo con le fin de excluir candidaturas independientes y alterar la composición de la nueva CC.