La mayoría de los esfuerzos desarrollados en los últimos años están enfocados en la justicia penal y parte de ellos se han volcado en crear o fortalecer sistemas especializados de investigación, persecución penal, sanción y atención a las víctimas de delitos considerados de mayor gravedad, dentro de los cuales se encuentran el femicidio y los delitos de mayor riesgo, que presentan para el sistema de justicia el reto de establecer medidas extraordinarias de seguridad y resguardo de los actos procesales y de las personas que en ellos intervienen. Ambas experiencias, únicas en su género, fueron implementadas en Guatemala a partir de la segunda década del siglo XXI, en un contexto de post-confl icto altamente violento y en el que, además de subsistir las causas y efectos del confl icto armado interno, nuevos fenómenos criminales ocuparon la atención social y del sistema de justicia.
