Fotos: Prensa Libre, La Hora, Publinews.
Washington, DC, 28 de octubre, 2021. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una audiencia pública sobre la grave situación de derechos humanos de operadores de justicia y las violaciones a la independencia judicial en Guatemala.
Durante la audiencia la CIDH escuchó a Jordán Rodas Andrade, Procurador de Derechos Humanos; Erika Aifán, jueza penal de mayor riesgo; Juan Francisco Sandoval, ex fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI); Jorge Santos, Coordinador General de UDEFEGUA; y Claudia Paz y Paz, ex Fiscal General de Guatemala y la Directora del programa de México y Centro América de CEJIL, quienes expusieron sobre la grave situación de cooptación de las instituciones de justicia de Guatemala por parte de grupos de poder que buscan impunidad por sus vínculos con la corrupción y por la comisión de graves violaciones de derechos humanos.
Dicha estrategia de cooptación se acompaña de la sistemática persecución, hostigamiento y criminalización de funcionarios y funcionarias de justicia independientes que trabajan en el combate a la corrupción y la impunidad, para obstaculizar sus labores y también como represalia. Todo esto en un contexto de agravamiento de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos.
En su intervención, la jueza Aifán describió los ataques personales y violaciones de las garantías de independencia que sufren tanto ella como la jueza Yassmin Barrios, Miguel Angel Galvez y Pablo Xitumul, quienes además cuentan con medidas cautelares de la CIDH por la situación de grave riesgo en que se encuentran debido a las amenazas a su integridad física y seguridad y las de sus familias, campañas de criminalización, y procesos de antejuicio que pretenden retirarles su inmunidad.
El ex fiscal Sandoval expuso los retrocesos del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y la impunidad, además de los patrones de hostigamiento que vive el personal fiscal a cargo de investigar delitos de corrupción y graves violaciones a derechos humanos. Dichos hostigamientos, entre ellos la criminalización a través de denuncias penales masivas infundadas y la difamación a través de redes sociales, resultaron en su destitución ilegal y exilio forzado del país. En su testimonio detalló la infiltración y cooptación del poder público guatemalteco por grupos privados, y su estrategia articulada en contra de funcionarios de justicia. Se alertó que, hasta la fecha, ocho fiscales y cuatro jueces/zas y magistrados/as se han visto obligados a salir al exilio como resultado de estas represalias.
Las organizaciones realizaron un fuerte llamado a la Comisión para que inste al Estado, particularmente al Ministerio Público a cesar de forma inmediata y permanente las estrategias de hostigamiento, persecución y acoso judicial, entre ellas, los antejuicios maliciosos, y revise todos los procesos infundados. También se solicitó instar al Estado a investigar todas las denuncias interpuestas por los funcionarios de justicia por hechos violatorios a sus derechos; y a cumplir con la inmediata elección de Altas Cortes conforme los criterios de idoneidad y objetividad.
La Comisión expresó su profunda preocupación por la situación de la independencia judicial y la erosión que implica para la democracia en Guatemala un sistema de justicia debilitado, alertando sobre la particularidad del elevado número de antejuicios y procesos abiertos en contra de funcionarios de justicia en el país. Llamó además la atención del Estado para que garantice la labor independiente y libre de amenazas de la función jurisdiccional, como parte de la garantía del derecho de acceso a la justicia de
todas las personas. Finalmente, la Comisión mostró su disposición para realizar una visita de trabajo al país y conocer a profundidad la situación de independencia judicial.
La audiencia fue solicitada por la Convergencia por los Derechos Humanos de Guatemala, Impunity Watch, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Plataforma contra la Impunidad, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC), American Jewish World Service, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Robert F. Kennedy Human Rights, Protection International Mesoamérica, Guatemala Human Rights Commission, y el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala.
La grabación de la audiencia se encuentra disponible en las redes sociales de la CIDH.