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CIDH lanza informe sobre corrupción y derechos humanos

28 de octubre 2020

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH llevó a cabo el lanzamiento virtual de su informe sobre corrupción y derechos humanos. El informe aborda el impacto de la corrupción sobre el goce y ejercicio de los derechos humanos en la región. El informe desarrolla los factores que propician la corrupción en américa latina, las afectaciones a la democracia, acceso a los derechos económicos sociales y culturales, a la información y a la justicia entre otros.

El informe recuerda a los Estados sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos fundamentales de sus habitantes, mismas que exigen la investigación, juzgamiento y sanción de los actos de corrupción, así como la obligación de reparar a las víctimas de dichos actos. El informe insta a los Estados a fortalecer de los órganos de control electoral y de la administración de justicia a través de la implementación de los estándares internacionales en materia de acceso a la justicia y debido proceso.

La CIDH también resaltó la importancia de implementar un enfoque de derechos humanos en las políticas públicas para la lucha contra la corrupción, este enfoque exige la implementación de los principios de Igualdad y no discriminación, participación social, acceso a la justicia, libre acceso a la información, rendición de cuentas y la centralidad de las víctimas en la construcción de las políticas anti corrupción de los Estados. También se enfatizó la obligación de considerar el impacto diferenciado que tienen los actos de corrupción sobre los grupos de personas que históricamente se han encontrado en mayor situación de vulnerabilidad. De acuerdo con el informe Los defensores de derechos humanos, operadores de justicia, ambientalistas, periodistas y personas que trabajan en medios de comunicación son personas de especial preocupación en la denuncia de los actos de corrupción.

Aunque el informe recoge diversos casos de corrupción de américa latina, en el caso de Guatemala se resaltan las adopciones ilegales producto de la debilidad institucional en la materia, la violencia ejercida contra miembros de la administración de justicia que investigan casos de corrupción en Guatemala, los ataques a la Corte de Constitucionalidad, las afectaciones que la corrupción ha generado al sistema de salud pública, la aplicación de figuras penales con el fin de restringir el debate público, el financiamiento electoral ilícito y las denuncias de vinculación entre estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y la política, entre otros.

En general Comisión retrata correctamente cómo la desviación de erario público para la satisfacción de intereses privados impide a los Estados cumplir con sus obligaciones internacionales de Derechos Humanos.

Vea el informe completo aquí.

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