El 8 de mayo, la CIDH presentó su informe anual 2024 sobre la situación de derechos humanos en la región. Con relación a Guatemala, la Comisión volvió a resaltar los graves problemas de la justicia. Señaló que la cooptación del sistema de justicia sigue siendo un desafío crítico en Guatemala, producto de la existencia de grupos de poder que han socavado la confianza en el sistema judicial. A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por impulsar una política de respeto a los derechos humanos, la cooptación del sistema de justicia sigue debilitando la capacidad del sistema para impartir justicia de manera imparcial, afectando gravemente la institucionalidad y la democracia.
La CIDH señaló preocupación por la instrumentalización del sistema de justicia para criminalizar a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, líderes políticos —incluyendo al presidente de la República— y líderes indígenas. En términos generales, la Comisión señala que en Guatemala se persigue a quienes luchan contra la impunidad y la corrupción.
La CIDH destacó la injerencia que ejercieron diversos actores en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones para el periodo 2024-2029. Señala que el proceso estuvo marcado por serias irregularidades, como la aplicación de instrumentos de evaluación deficientes, la falta de evaluación ética de las personas aspirantes por parte de las comisiones de postulación, falta de publicidad y transparencia en la elección realizada en el Congreso de la República y la injerencia del Ministerio Público en el proceso mediante la instrumentalización del derecho penal.
Retrocesos en justicia transicional
La CIDH también se refirió al abuso de recursos legales para obstaculizar la investigación de casos de violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales cometidos durante el conflicto armado. Como la decisión de la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo que declaró incompetente al Juzgado de Mayor Riesgo “A” y anuló los actos procesales del Caso Creompaz para liberar a los exmilitares implicados en el caso. Asimismo, la suspensión de la etapa final del juicio en el Caso de Genocidio Ixil, debido a una recusación presentada por el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas, que estaba siendo juzgado.
Manifestó su preocupación por el desmantelamiento de la Fiscalía de Derechos Humanos mediante destituciones y traslados de agentes fiscales de la Unidad de Casos del Conflicto Armado interno. En particular, mencionó la destitución del fiscal Erick de León, quien al ser despedido estaba a cargo de investigar el caso Genocidio Ixil.
El informe anual contiene como anexo las recomendaciones preliminares de la visita in loco realizada del 22 al 26 de julio de 2024, que realizó las siguientes recomendaciones al sistema de justicia:
- Cesar el uso indebido del sistema penal a través de la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales, contra personas operadoras de justicia, personas defensoras de derechos humanos, legisladores, periodistas, estudiantes, profesores, integrantes de partidos políticos, funcionarios públicos; así como contra integrantes de organizaciones indígenas, campesinas y sindicales y los grupos en situación de riesgo afectados.
- Otorgar inmediatamente medidas alternativas a la privación de la libertad a favor de toda persona que se encuentre en prisión preventiva, criminalizada por el ejercicio o defensa de derechos humanos, o por su labor periodística, y cesar todo tipo de persecución y represalia en su contra.
- Realizar un examen independiente del funcionamiento del Ministerio Público y su impacto en los derechos humanos, que tome en cuenta las alegaciones de falta de objetividad ampliamente difundidas.
- Generar las condiciones para la atención y el retorno de las personas exiliadas, que incluya un plan de reparación integral.
- Adoptar las reformas legales necesarias para asegurar la separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia, en particular mediante el fortalecimiento y la autonomía plena del Consejo de la Carrera Judicial.