El 8 de julio de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución de medidas provisionales urgentes en el marco del cumplimiento de la sentencia del Caso Gudiel Álvarez y otros Vs Guatemala, conocido como el Caso Diario Militar. La Corte le ordenó al Estado de Guatemala adoptar tres tipos de medidas: 1) garantizar el derecho a la justicia para las víctimas del Caso Diario Militar; 2) adoptar de forma inmediata e individualizada, las medidas necesarias para proteger eficazmente los derechos a la vida e integridad personal del juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar y su familia; y 3) garantizar la independencia judicial del juez Gálvez Aguilar.
Con relación al primer punto, es importante que el Ministerio Público y el Organismo Judicial adopten medidas para garantizar el desarrollo del proceso del Caso Diario Militar, de tal manera que los fiscales, querellantes adhesivos y el juez Gálvez puedan continuar con las audiencias de la etapa intermedia del proceso en condiciones seguras y libres de presiones y amenazas. En mayo de este año, el juez Gálvez resolvió que 9 exmilitares y policías acusados en el Caso Diario Militar deben enfrentar juicio por delitos de desapariciones forzadas, asesinato y otros delitos de lesa humanidad; y 5 acusados más están pendientes de la etapa intermedia y el juez Gálvez deberá decidir si también deben enfrentar juicio.
Con relación al segundo punto, la Corte IDH ordenó que el Estado refuerce las medidas y el esquema de seguridad del juez Gálvez y su familia. De acuerdo con la resolución de la Corte IDH, dicho esquema de seguridad debe implementarse en común acuerdo con el juez, y evitar que su seguridad dependa de funcionarios vinculados con las instituciones a las pertenecieron las personas ligadas al proceso del Caso Diario Militar. Es decir, que la seguridad del juez no puede estar a cargo de militares ni personas vinculadas a la antigua Policía Nacional.
En cuanto al tercer punto, es necesario que la Corte Suprema de Justicia garantice el respeto a la independencia judicial del juez y asegure su permanencia en el cargo. La CSJ no debería admitir denuncias administrativas o solicitudes de antejuicio espurias y maliciosas provenientes de personas que solo buscan obstruir la justicia y atacar la independencia judicial. Al respecto, es muy grave que, recientemente, la CSJ haya admitido una denuncia y dado trámite a una solicitud de antejuicio presentada por la Fundación contra el Terrorismo en contra del juez Gálvez, después de que el presidente de dicha fundación amenazó públicamente al juez Gálvez por sus resoluciones en el Caso Diario Militar. La CSJ debe adoptar medidas concretas para que el juez pueda continuar ejerciendo su labor libre de presiones y amenazas.
La Corte IDH fijó el plazo del 8 de agosto de 2022 para que el Estado de Guatemala informe sobre las medidas que ha adoptado para cumplir con la resolución, y una semana después de esa fecha, los representantes de las víctimas del Caso Diario Militar podrán presentar sus observaciones al informe del Estado. La resolución completa de la Corte IDH está disponible en: gudiel_se_01.pdf (corteidh.or.cr)