Guatemala cumple dos años de retraso en la elección de cortes

Guatemala, 13 de octubre de 2021.  Hoy se cumplen dos años de retraso en la elección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones (CA) debido a que el Congreso de la República se sigue negando a cumplir con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) del 6 de mayo de 2019.  La CC ordenó que los diputados debían elegir de viva voz a personas que cumplan con los requisitos de capacidad, idoneidad, honradez y honorabilidad que establece la ley [1], y que debían excluir a las personas que tuvieran señalamientos del Ministerio Público. El Congreso debió iniciar con la elección el 23 de junio de 2020, pero la Junta Directiva del Congreso y los diputados oficialistas se han negado sistemáticamente a cumplir la sentencia de la CC, lo cual ha generado gran desgaste, incertidumbre jurídica, retrasos en los procesos judiciales y problemas de legitimidad en el nombramiento de otros funcionarios del sector justicia.

En la primera fase del proceso,  el trabajo de las comisiones de postulación tuvo graves deficiencias técnicas y no se cumplieron los estándares internacionales en este tipo de elecciones, luego el Ministerio Público reveló el Caso Comisiones Paralelas 2020, que demostraba la existencia de negociaciones secretas entre miembros de las comisiones de postulación, aspirantes y diputados con el exsecretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos Cámbara quien actualmente es sindicado en varios procesos de gran corrupción, para nombrar a personas afines a sus intereses.  El informe que presentó el Ministerio Público sobre el caso documenta claramente las visitas y comunicaciones entre varios de los actores del proceso de elección de cortes y los listados de los candidatos que serían electos [2].

Los diputados oficialistas se niegan a excluir a todos los aspirantes que aparecen en el informe del Ministerio Público porque consideran que se violaría “el principio de inocencia” y se niegan a votar de viva voz porque “tomaría mucho tiempo” pronunciarse sobre los 26 aspirantes a la CSJ y los 270 aspirantes a las Cortes de Apelaciones [3]. Sin embargo, estas discusiones parecieran dejar de lado el fondo del problema: evitar que profesionales con señalamientos de corrupción lleguen a las cortes. 

Desde el 23 de junio de 2020 la junta directiva del Congreso ha manipulado la agenda legislativa para retrasar la elección, aunque en la mayoría de las sesiones aparece en la agenda, en la práctica no se discute.  El Congreso ha tratado la elección únicamente en cuatro ocasiones:

• El 23 de junio de 2020, cuando el Congreso aprobó el acuerdo 14-2020 sobre el procedimiento para realizar la elección, lamentablemente el acuerdo no cumplía con los parámetros establecidos en la sentencia de la CC ya que i) no excluía a los candidatos que no cumplieran con los requisitos éticos de honorabilidad y honradez, ii) plantea un proceso lento que impone la realización de actos innecesarios (como la lectura pública de informes que ya son del conocimiento de los diputados), iii) no impone ningún límite de tiempo ni establece reglas para evitar las prolongaciones indebidas en las intervenciones de los diputados al votar, y finalmente iv) Propone elegir primero a quienes van a integrar a las Cortes de Apelaciones (con 10 veces más aspirantes que la Corte Suprema de Justicia)[4].

• Entre febrero y abril de 2021, el Congreso sometió a votación a tres aspirantes a las Cortes de Apelaciones, de los cuales ninguno resultó electo (Hugo Roberto Jauregui[5], Mirna Lubet Valenzuela[6] y Rogelio Can Si[7]). Lamentablemente la fundamentación a viva voz fue sumamente deficiente por parte de los diputados, quienes en muchas ocasiones repetían fórmulas preestablecidas que incluían frases como “no tengo relación de amistad ni enemistad” con el candidato, “no encuentro aspectos que pongan en duda su honorabilidad” o “guardaré mi voto para futuros candidatos”[8]. Adicionalmente, en el segundo y tercer intento de elección, las sesiones fueron levantadas por falta de quórum sin concluir con el proceso de votación. 

Un grupo minoritario de diputados ha presentado propuestas para el avance del proceso, entre ellas, 53 diputados enviaron una carta al presidente del Congreso para que se priorice la elección de cortes, y propusieron destinar dos días de la semana exclusivamente para avanzar con la elección, y un día para tratar los otros temas de la agenda legislativa[9]. También el diputado Aníbal Samayoa[10], diputados de la UNE y la Alianza por las Reformas[11] han presentado propuestas metodológicas para realizar la elección en las que se proponen medidas concretas para avanzar con el proceso (elecciones por bloques, elegir primero a la Corte Suprema de justicia, imposición de plazos etc.) Sin embargo, todas las propuestas han sido rechazadas. 

El retraso de la elección de cortes ha tenido implicaciones negativas para el sistema de justicia.  La actual Corte Suprema de Justicia está fuertemente desgastada y ha tomado decisiones cuestionables como proteger a diputados señalados de corrupción y dar trámite a solicitudes de antejuicio contra jueces independientes como Pablo Xitumul y Erika Aifan, así como la elección de Roberto Molina Barreto para integrar la CC a pesar de que tienen vínculos políticos con el partido VALOR de Zury Rios.  

Por su parte, la desobediencia del Congreso de la República ha afectado gravemente el orden institucional y los principios esenciales del Estado de Derecho en el país.  La prolongación de funciones indefinida de las actuales cortes socava la independencia del Organismo Judicial, ya que los magistrados de los distintos niveles podrían verse compelidos a tener resoluciones complacientes con el Congreso de la República o con la alianza oficialista con el único propósito de permanecer en sus cargos o evitar el desaforo de estos.

Es importante destacar que hasta la fecha no existe ningún recurso legal que detenga el proceso[12], y la Junta Directiva del Congreso no tiene más excusas para retrasar este proceso. Los diputados deben cumplir con la obligación constitucional de elegir magistrados para evitar incurrir en responsabilidades legales[13], y responder a las demandas de distintos sectores sociales y la comunidad internacional que llaman a concluir este proceso[14]. Este es un tema prioritario para preservar el orden constitucional y garantizar la certeza jurídica del país.

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[1] Corte de Constitucionalidad, Expediente 1169-2020, sentencia de 6 de mayo de 2020. 

[2] Ministerio Público, “Informe de la totalidad de los profesionales que conforman las nóminas remitidas por la Comisión de Postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones” 28 de mayo de 2020, disponible en https://bit.ly/3DxaTRb

[3] La Hora; “Elección de Cortes: VAMOS y UCN ven “difícil” votar a viva voz” 22 de junio 2020, disponible en: https://bit.ly/342tXGN

[4] Congreso de la República, Acuerdo Número 14-2020, 24 de junio de 2020, disponible en: https://bit.ly/3lp9eqt

[5] La Hora, “Congreso intenta hacer creer que “van en serio” para elegir cortes, pero votan solo por un candidato” 23 de febrero 2021, disponible en: https://bit.ly/3AumaQ8

[6] La Hora “Diputados votan por segundo candidato a magistrado de Apelaciones; ni terminan” 16 de marzo 2021, disponible en: https://bit.ly/2YJf5hV

[7] La Hora, “Sigue el juego: Congreso vuelve a suspender elección de cortes” 27 de abril de 2021, disponible en https://bit.ly/3lvAdRu

[8] Soy 502, “Congreso: tras más de un año de atraso inicia elección de magistrados” 23 de febrero 2021, disponible en: https://bit.ly/3uXjzx7

[9] Prensa Libre “53 diputados le piden a la Junta Directiva del Congreso sesiones plenarias exclusivas para elegir magistrados de la CSJ y Apelaciones” 14 de agosto 2020 disponible en: https://bit.ly/2FaT41g

[10] La Hora, “CC da trámite a acción que permitiría elegir Cortes por medio de votación electrónica” 8 de septiembre de 2020, disponible en https://bit.ly/2YMDN0R

[11] La Hora “Alianza por las Reformas propone elección de Cortes por bloques” 11 de septiembre de 2020, disponible en: https://bit.ly/3axEddM

[12] Se han realizado las evaluaciones del desempeño profesional de jueces y magistrados que aspiran integrar las próximas cortes y se cuenta con información suficiente para determinar el cumplimiento de los requisitos éticos exigidos por la Constitución.

[13] Código Penal Artículo 419. “Comete delito de incumplimiento de deberes, el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare o retardare realizar algún acto propio de su función o cargo. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial.

[14] Ver pronunciamientos de los senadores Patrick Leahy, disponible en https://bit.ly/336QC4j y Michael Kozak  disponible en: https://bit.ly/2R0rQx1