Consuelo Porras será recordada como la peor fiscal general en la historia de la justicia guatemalteca. Desde su nombramiento en 2018, se dedicó a desmantelar progresivamente el Ministerio Público (MP) para proteger a grupos de poder político y económico y para impedir investigaciones de casos de gran corrupción, crimen organizado y graves violaciones a los derechos humanos. Además, convirtió el MP en un instrumento de persecución política para criminalizar a exoperadores de justicia, periodistas, líderes indígenas y defensores de derechos humanos, y opositores políticos.
Estas son algunas de las acciones más dañinas que causó Consuelo Porras durante su gestión:
- El desmantelamiento de fiscalías especializadas
Consuelo Porras desmanteló fiscalías estratégicas del Ministerio Público. Uno de los golpes más severos fue la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), unidad que se creó para investigar junto a la CICIG a las estructuras criminales incrustadas en el Estado. Bajo la administración de Porras, fiscales reconocidos como Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra y Siomara Sosa fueron destituidos, criminalizados o forzados al exilio[1]. En su lugar, nombró a José Rafael Curruchiche Cacul, -sancionado por la Unión Europea y Estados Unidos-, al frente de la Fiscalía, desde donde se desmontaron los casos de gran corrupción que investigó la antigua FECI junto a la CICIG.
La Fiscalía contra la Corrupción también sufrió constantes remociones de personal, debilitamiento operativo y pérdida de independencia. Diversas investigaciones relacionadas con contrataciones irregulares, financiamiento ilícito y estructuras de corrupción se estancaron o fueron archivadas. Uno de los casos más representativos fue la captura del fiscal Stuardo Campo, quien había impulsado investigaciones que involucraban al gobierno de Alejandro Giammattei.
La Fiscalía de Derechos Humanos también sufrió cambios y muchos fiscales recibieron presiones internas para frenar investigaciones contra exmilitares que participaron en el genocidio, las desapariciones forzadas y otros crímenes de lesa humanidad que ocurrieron durante el conflicto armado interno. Se destituyeron a los jefes de esta fiscalía y se removió o trasladó a la mitad del personal fiscal, y se nombró a Noé Rivera al frente de la Fiscalía de Derechos Humanos, debilitando significativamente su capacidad de investigación y contraviniendo las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que han ordenado fortalecer la Fiscalía de Derechos Humanos para garantizar investigaciones efectivas.
2. Destrucción de la carrera fiscal: destituciones y persecución interna
Durante la gestión de Consuelo Porras se generó un clima de temor dentro del Ministerio Público. Fiscales independientes denunciaron presiones, amenazas, procesos disciplinarios, traslados injustificados o despidos arbitrarios si no seguían las instrucciones o las órdenes de la fiscal general y su círculo cercano. Más de 500 fiscales y trabajadores administrativos fueron destituidos[2] sin respetar los procedimientos disciplinarios establecidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Entre los fiscales destituidos se encuentran 30 fiscales de sección, 24 fiscales de distrito, un fiscal especial y un fiscal regional[3].
La fiscal general utilizó de forma arbitraria la figura de “personal de confianza” para justificar despidos de fiscales de carrera fiscal. Entre otros casos, decretó la remoción del fiscal Carlos de León, que gozaba de medidas provisionales decretadas por la Corte Interamericana[4]. A su vez, se negó a cumplir las medidas de seguridad ordenadas por la Corte Interamericana a la fiscal del Caso Diario Militar, Elena Sut, por lo que se vio obligada a salir al exilio[5]. Esto constituye desobediencia directa a resoluciones que son plenamente vinculantes para el Estado.
Muchos operadores de justicia abandonaron el país tras enfrentar órdenes de captura o investigaciones promovidas por el propio Ministerio Público. La salida masiva de fiscales y jueces especializados representó una pérdida histórica de experiencia técnica e independencia institucional.
3. Impunidad en casos de gran corrupción
Sin duda, uno de los objetivos centrales de Consuelo Porras fue desmontar los casos de gran corrupción que investigó la CICIG junto al MP. Muchos de esos casos se cerraron por medio de prácticas maliciosas como la anulación de convenios de colaboración eficaz y de pruebas anticipadas, la aceptación de cargos, la falta de mérito y el sobreseimiento por diversas causas. Como resultado, varios procesados quedaron en libertad y recuperaron los bienes y las propiedades que les habían sido incautadas por medio del sistema de extinción de dominio, como ocurrió en los casos del exministro Alejandro Sinibaldi, el expresidente Otto Pérez Molina y el exdiputado Manuel Baldizón, entre otros.
Consuelo Porras siempre se negó a investigar los casos de gran corrupción de los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, quienes la eligieron para dirigir el MP. La Comisión Nacional contra la Corrupción del presidente Bernardo Arévalo ha presentado más de 400 denuncias de corrupción que ocurrieron durante el período de esos gobiernos, pero muchas de las denuncias fueron desestimadas por el MP o las investigaciones se encuentran paralizadas.
En 2024, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) también presentó el caso B410, en el cual están implicadas más de 400 empresas señaladas de evasión fiscal, y tampoco hubo avances[6]. Por el contrario, recientemente se conoció de una orden de captura contra el exsuperintendente de la SAT, Marco Livio Díaz, quien denunció este caso de gran corrupción, lo cual se interpreta como una represalia por haber denunciado estos hechos[7].
4. Ineficiencia del MP y desestimación masiva de casos
El estudio Eficacia o Impunidad revela que durante la gestión de Porras la eficacia del MP se redujo en más del 50%. La eficacia disminuyó de 14.03% en 2018-2019 a 6.44% en 2024-2025. Lo cual significa que, en el período 2024-2025, el 93.56% de los casos penales no obtuvieron una respuesta eficaz o quedaron en la impunidad.
La tasa promedio de eficacia en delitos de impacto social fue del 6.31%, lo cual incluye homicidios, asesinatos, femicidios, violencia contra la mujer, violación, violación agravada, extorsión, corrupción y delincuencia organizada. Esto significa que hay una tasa de 93.69% de impunidad en delitos de alto impacto.
Por otra parte, la productividad del MP en términos individuales llegó a niveles alarmantes, en promedio, cada fiscal o auxiliar fiscal resuelve 8 casos de manera eficaz al año, es decir, menos de un caso al mes, lo que explica los altos niveles de impunidad en el país.
A esto se suma el uso masivo de las desestimaciones y archivos de casos. En el período 2024-2025, se desestimó el 74.44%, y se archivó el 27.69% de los casos que ingresaron a la institución. Lo más grave es que en sus informes anuales, la fiscal general presentaba estos números como resultados exitosos, señalando que se resolvieron los casos, cuando en realidad simplemente se desestimaron o archivaron arbitrariamente, y en la práctica lo que se hizo fue negar justicia a las víctimas y procurar impunidad a los delincuentes.
5. Mala gestión de recursos y fiscalías sin capacidad operativa
Otro de los aspectos más cuestionados de la administración de Consuelo Porras fue el manejo de los recursos institucionales y la ausencia de una política eficiente para fortalecer el acceso a la justicia en el interior del país. Aunque en el período de Porras se amplió la cobertura del MP y se crearon fiscalías municipales, la evidencia demuestra que estas sedes fueron inauguradas sin planificación técnica, sin personal suficiente y sin capacidades reales de investigación.
En numerosos municipios, las fiscalías operan con recursos mínimos, escaso personal fiscal, sin investigadores y equipos de escena del crimen y graves limitaciones logísticas. El personal carece de vehículos y equipo tecnológico para atender adecuadamente las denuncias ciudadanas. Además, se critica el elevado gasto destinado al pago de alquileres y rentas de inmuebles para estas sedes, señalados como arrendamientos excesivamente costosos y poco funcionales, lo cual puede ser una fuente de corrupción. Para diversos analistas, la expansión territorial del MP terminó convirtiéndose en una estructura burocrática orientada más a generar imagen institucional que a fortalecer efectivamente la persecución penal[8].
Según las propias estadísticas institucionales, algunas fiscalías municipales llegaron a recibir apenas 15 casos al año, lo que demuestra falta de planificación estratégica y un uso ineficiente de recursos públicos. Mientras que fiscalías estratégicas encargadas de investigar homicidios, extorsiones, graves violaciones a los derechos humanos, corrupción, violencia contra la mujer y otros delitos graves continuaron recibiendo pocos recursos, enfrentando sobrecarga laboral, insuficiencia de personal y debilidad investigativa.
6. Criminalización y persecución política
Diversos organismos internacionales de derechos humanos, como la CIDH, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Relatora de Independencia Judicial, han condenado la forma en que la fiscal general Consuelo Porras instrumentalizó el sistema penal para perseguir arbitrariamente a exoperadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos, líderes indígenas, opositores políticos, y estudiantes y trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) con fines políticos.
Más de 60 han sido procesadas por casos de criminalización, más de 100 han sido forzadas a salir al exilio, y al menos tres personas continúan en prisión. Además, se han girado órdenes de captura contra exoperadores de justicia que cuentan con asilo político en otros países, y contra el personal internacional de la CICIG que goza de inmunidad procesal, incluyendo el excomisionado Iván Velásquez, y la actual fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo.
Además, en 2023 puso en riesgo la democracia e intentó anular los resultados electorales en los que resultó electo el presidente Bernardo Arévalo. Emprendió una persecución penal contra los miembros del partido político Semilla y el mismo presidente Arévalo, y contra los exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral y trabajadores de dicho órgano electoral, como represalia por validar los resultados de la elección. Esto generó una crisis nacional que motivó movilizaciones masivas en todo el país en contra de las arbitrariedades del MP.
Según la OACNUDH, el 80 % de los casos por criminalización contra operadores de justicia y activistas en Guatemala se basan en denuncias presentadas por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT). Esta organización frecuentemente actúa como querellante adhesivo en procesos impulsados por el Ministerio Público (MP).
7. Desalojos de comunidades indígenas
Otro de los aspectos que generó preocupación nacional e internacional durante la gestión de Consuelo Porras fue el uso de la Fiscalía Especializada contra el Delito de Usurpaciones en conflictos relacionados con tierras ancestrales y territorios indígenas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó preocupación por la utilización de esta fiscalía en procesos de desalojo contra comunidades indígenas y campesinas, particularmente en territorios donde existen disputas históricas por la tierra o intereses vinculados a proyectos extractivos, agroindustriales e hidroeléctricos. El MP promovió acciones penales contra comunidades ancestrales mientras relegaba denuncias relacionadas con derechos territoriales, consulta previa y protección de defensores comunitarios.
Según un estudio de DPLF[9], la Fiscalía contra Usurpaciones operó como un instrumento para facilitar desalojos y favorecer intereses económicos en áreas de alta conflictividad social, allanando el camino para la instalación de proyectos extractivos en territorios ocupados históricamente por pueblos indígenas. Durante el último trienio el número de solicitudes de desalojos pasó de 25 al año, en 2023, a 94 en 2024 y 154 solicitudes en 2025. La política criminal sobre usurpaciones impide a las comunidades ejercer su derecho de defensa para acreditar la propiedad ancestral y privilegia órdenes de captura con base en la supuesta flagrancia del delito de usurpación. Todo ello, ha sido considerado por la CIDH como formas de impedir el derecho de defensa y el debido proceso de las comunidades ancestrales sobre sus tierras y territorios.
Las críticas también apuntaron al uso desproporcionado del derecho penal contra líderes comunitarios, autoridades indígenas y defensores del territorio, quienes enfrentaron órdenes de captura, procesos judiciales y actos de criminalización por participar en protestas sociales o resistencias comunitarias. Para la CIDH y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, estas actuaciones profundizaron la conflictividad social y evidenciaron la ausencia de un enfoque intercultural y de respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas dentro del sistema de justicia guatemalteco.
8. Rechazo nacional e internacional
Consuelo Porras no solamente causó un grave daño institucional al Ministerio Público, sino que también contribuyó al deterioro del sistema de justicia y puso en riesgo la democracia del país. Sin duda será recordada como la peor fiscal general de Guatemala, sancionada por más de 40 países por socavar la democracia y el Estado de Derecho, y con un gran rechazo social. Con sus acciones promovió un sistema de impunidad para favorecer a las redes de corrupción, mientras que dejó a miles de víctimas de violencia y criminalidad sin acceso a la justicia. Además, generó un clima de persecución política y temor en la población, y utilizó la justicia con fines políticos. Sin duda, la historia y la justicia la juzgarán.
La elección del Fiscal General Gabriel García Lucha representa una oportunidad para restablecer la independencia del Ministerio Público, luego de la nefasta gestión de Consuelo Porras. El fiscal general Gabriel García Luna deberá definir una nueva política criminal enfocada en delitos de alto impacto social como la corrupción, el crimen organizado, las extorsiones, los delitos contra la vida y la violencia contra las mujeres. Deberá restablecer fiscalías clave como la FECI, la Fiscalía contra la Corrupción y la Fiscalía de Derechos Humanos, detener la criminalización y recuperar la confianza ciudadana en el Ministerio Público.
El cambio de Fiscal General
La elección del Fiscal General Gabriel García Luna representa una oportunidad para restablecer la independencia del Ministerio Público, luego de la nefasta gestión de Consuelo Porras. El fiscal general García Luna deberá definir una nueva política criminal enfocada en delitos de alto impacto social como la corrupción, el crimen organizado, las extorsiones, los delitos contra la vida y la violencia contra las mujeres. También deberá restablecer fiscalías clave como la FECI, la Fiscalía contra la Corrupción y la Fiscalía de Derechos Humanos, detener la criminalización y recuperar la confianza ciudadana en el Ministerio Público.
[1] Ver CIDH. Informe anual 2023. Capítulo IV B. Guatemala. Par.119.
[2] Agencia Ocote- 7 de mayo de 2026. La devastación de Consuelo Porras: más de 500 despedidos y denuncias de acoso a trabajadores del MP. Disponible en https://www.agenciaocote.com/blog/2026/05/07/la-devastacion-de-consuelo-porras-mas-de-500-despedidos-y-denuncias-de-acoso-a-trabajadores-del-mp/
[3] Informe Eficacia o Impunidad. Evaluación de la Gestión de Consuelo Porras. 2025.
[4] Corte IDH. Resolución de medidas provisionales en Caso Hugo Humberto Ruiz Fuentes y Valenzuela Ávila. De 23 de septiembre de 2021.
[5] Corte IDH Resolución de Medidas Provisionales y Supervisión de Cumplimiento De Sentencias Casos Bámaca Velásquez Y Otros. de 22 De Noviembre De 2022.
[6] La Hora, 29 de dic. 2025 Caso B410: el estado de la investigación tras más de un año en manos del MP. Disponible en: https://lahora.gt/nacionales/dguzman/2025/12/29/caso-b410-el-estado-de-la-investigacion-tras-mas-de-un-ano-en-manos-del-mp/
[7] Prensa Libre, 7 de may. 2026 Confirman orden de captura contra Marco Livio Díaz por supuesto lavado de dinero y peculado. Disponible en: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/confirman-orden-de-captura-contra-marco-livio-diaz-por-supuesto-lavado-de-dinero-y-peculado-breaking/
[8] Epinvestiga, 13 de may. de 2026 Los proveedores favoritos de Consuelo Porras durante ocho años de gestión. Disponible en: https://epinvestiga.com/investigacion/los-proveedores-favoritos-de-consuelo-porras-durante-ocho-anos-de-gestion/
[9] DPLF. Desalojos y criminalización de los pueblos indígenas en Guatemala: el rol del Ministerio Publico.