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Guatemala: Procurador de Derechos Humanos y organizaciones expusieron ante CIDH sobre criminalización de altas cortes

Este 23 de junio de 2021, el Procurador de los Derechos Humanos, Impunity Watch y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) sostuvimos una reunión de trabajo con el Estado guatemalteco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco del 180° periodo ordinario de sesiones, en relación con las medidas cautelares otorgadas en favor de magistradas, magistrados y ex magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

En la reunión, en la que participaron las beneficiarias Gloria Porras, María Cristina Fernández y Mynor Par, expresamos que persiste la situación de riesgo que motivó la adopción de las medidas pues continúa la persecución penal en su contra derivada de las resoluciones emitidas en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales en la CC, lo que violenta sus garantías a la independencia judicial. Además, señalamos la existencia de constantes amenazas, intimidación, desprestigio y hostigamiento en redes sociales contra estas personas y sus familias, como represalia hacia su labor en defensa del orden constitucional y democrático en Guatemala.

Particularmente destacamos que, como resultado de acciones espurias, la beneficiaria Gloria Porras enfrenta obstáculos ilegítimos para asumir como magistrada titular de la CC, a pesar de haber sido electa por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos. Asimismo, subrayamos que existen más de 70 procesos penales en su contra criminalizándola como consecuencia de su actuación judicial.

Las circunstancias descritas incrementan el riesgo hacia la vida e integridad personal de las personas beneficiarias, y constituyen limitaciones al desarrollo sus funciones en la magistratura. Resaltamos que a pesar de la gravedad de la situación, el Estado ha incumplido sus obligaciones internacionales y ha faltado a la implementación de las medidas cautelares, pues no ha tomado acciones para cesar la criminalización contra las beneficiarias, y no ha concertado  las medidas con ellas y sus representantes, como dispuso el órgano interamericano.

Frente a esta situación, solicitamos a la CIDH que requiriera al Estado que cese la criminalización hacia las y los beneficiarios, y se abstenga de instrumentalizar cualquier acción penal infundada como represalia a la labor judicial. Asimismo, que adopte todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad e integridad, así como la de sus familias; que tome acciones para garantizar que Gloria Porras tome posesión en su cargo como Magistrada; y que el Magistrado Francisco De Mata Vela pueda cumplir con su función sin ser objeto de intimidaciones, amenazas y hostigamiento. Por último, pedimos a la Comisión que inste a Guatemala a investigar los hechos de riesgo que motivan la adopción de las medidas cautelares.

Recordamos que la Comisión Interamericana ha llamado reiteradamente al Estado de Guatemala a garantizar la independencia de las y los jueces en el país y respetar sus procesos de deliberación, decisión y funcionamiento. 

Las representantes enfatizamos que las y los magistrados constitucionales son actores esenciales en la preservación y fortalecimiento del sistema democrático en el país, específicamente porque en ellas y ellos recae el efectivo control de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público. Por lo tanto, la criminalización y hostigamiento hacia las personas beneficiarias constituyen una violación al Estado de Derecho y perpetúan el debilitamiento del sistema de justicia y la institucionalidad en Guatemala.

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