Autonomía Financiera y Administrativa

La Independencia Económica Del Organismo Judicial

La justicia es fundamental para el desarrollo económico y social de los países. En general, los países que tienen altos niveles de ingreso per cápita y de desarrollo humano también son aquellos que tienen sistemas de justicia más fuertes y menores niveles de violencia.

La calidad y eficiencia de la justicia, así como la fiabilidad de esta, repercute en los ciudadanos y en la economía y sobre todo coadyuvan en la disminución de la violencia social,  en la medida en que permite, por ejemplo: resolver conflictos pacíficamente; garantizar a las personas su seguridad y la de sus posesiones; y, proteger en forma efectiva los derechos de los ciudadanos.

En Guatemala, la justicia es administrada por el Organismo Judicial, compuesto por: la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y juzgados y demás órganos judiciales del país.

Un mecanismo para garantizar la Independencia Judicial es asignar un presupuesto adecuado al Organismo Judicial, para que pueda cumplir en forma efectiva sus obligaciones de administración de justicia.  Sin embargo, otros poderes del Estado, especialmente, el Congreso de la República,  tienen la función de controlar la asignación presupuestaria.  Esta facultad  puede ser empleada en algunas ocasiones, como un medio para intentar someter las decisiones del Poder Judicial a través de la disminución de fondos. Es importante, fiscalizar cual es el grado de asignación presupuestaria del Poder Judicial, para verificar si existen represalias políticas o presiones indebidas a través de coartar la capacidad económica. Es por ello, que en muchos países, para garantizar la independencia judicial se han establecidos asignaciones constitucionales, para evitar los intentos de control del Poder Judicial por esta vía. En el presente reporte se hace un estudio, sobre el panorama del presupuesto del Organismo Judicial de Guatemala en los últimos años, así como la asignación per cápita y compararlo con otros países de América Latina. 

Presupuesto del Poder Judicial

Cada año, el Congreso de la República aprueba un presupuesto para el Organismo Judicial, el cual es entregado por el Ministerio de Finanzas. Según  el artículo 213 de la Constitución Política de la República, al Poder Judicial debe asignársele una cantidad no menor al 2 % del Presupuesto de Ingresos Ordinarios del Estado. Sin embargo, y a pesar de lo establecido en la Constitución, en el año 2016, no  se le  asignó dicho porcentaje.

Así, en 2016 al OJ se le asignaron Q. 1191,867,311.00, lo cual representa el 1.68% del presupuesto nacional del Estado, que ascendió a Q. 70.796,000.000.00 Esto no solo violenta el texto constitucional, sino representó una reducción del 38% del Presupuesto asignado al Organismo Judicial con relación al año 2015.

En efecto, en el año 2015 se le asignaron al Organismo Judicial Q. 1,617,6133.00,  equivalentes al 2.72% del Presupuesto Nacional. A juicio de una Magistrada del Organismo Judicial, quien pidió o ser identificada, la reducción del presupuesto fue una represalia del Congreso por las resoluciones que emitió la CSJ dando trámite a antejuicios contra varios diputados. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a cifras oficiales. 

 

En términos per cápita, el presupuesto del Organismo Judicial es uno de los más bajos del continente. El presupuesto per cápita de 2015, fue de Q.118.91.  En 2015, este presupuesto bajó a Q.72.04 por habitante, una pérdida neta de Q.46.51. por habitante.

Al hacer una conversión con relación al gasto per cápita por dólar, se puede apreciar que el gasto per cápita de 2015 fue de US $13.45. Dicho gasto disminuyó en 2016, a US $9.47. 

El anterior análisis comparativo anterior revela que Guatemala es uno de los países con más bajo gasto en el sistema de justicia a nivel de América Latina.

La media en América Latina es de 38.52 dólares per cápita, lo cual coloca a Guatemala en apenas una cuarta parte de la media regional. Si bien la situación mejoró para 2017, sigue encontrándose muy por debajo de la media regional. El presupuesto aprobado para el año 2017 es de 2526 millones de quetzales, con una aportación constitucional de 1220 millones de quetzales. Esto quiere decir que el Estado gasta Q.74 quetzales por habitante en justicia. Si se toma en consideración todo el presupuesto del Organismo Judicial, incluyendo los fondos privativos, el gasto en justicia per cápita asciende a 152.72 quetzales. En dólares esta cantidad es de US$.20 por habitante, por lo que sigue estando por debajo de la media latinoamericana.

 

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Convocatorias

Convocatoria para Jefe de Seguridad del OJ

25 Marzo de 2019

 La gerencia de recursos humanos del Organismo Judicial lanzó la convocatoria externa DSI No. 001-2019 para el puesto de Director de Seguridad Institucional la cual estará vigente del 25 de marzo al 12 de abril de 2019.

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Ampliación de convocatoria para conformación del Consejo de la Carrera Judicial

Hasta este 15 de diciembre de 2017, a las 15.30 horas, el Consejo de la Carrera Judicial recibirá expedientes para las y los profesionales que deseen participar en el concurso público de oposición para los tres consejeros faltantes, quienes deben ser

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Equidad de Género en la Justicia

En el 2017 Impunity Watch iniciará una investigación para examinar cómo funcionan las relaciones de género en el sistema judicial, y el rol de las mujeres en el Organismo Judicial.  La investigación se realizará en el marco de la implementación de la Resolución 1325 de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad, y los resultados del estudio servirán para proponer políticas de equidad de género en el sistema judicial.

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Es una campaña para promover la ética profesional entre los funcionarios de justicia.   A través de un compromiso escrito, los jueces, magistrados y otros funcionarios judiciales se comprometen a actuar con honradez y resolver de manera objetiva e imparcial, sin aceptar injerencias ni corrupción de ningún tipo.  La campaña inició en el 2015 por el Instituto de la Judicatura y actualmente es impulsada por grupos de jóvenes universitarios que visitan periodicamente juzgados y tribunales de todo el país para pedir el compromiso de los funcionarios judiciales.

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