Una administración de justicia eficiente, independiente y autónoma fortalece la democracia y la vigencia del Estado de Derecho en Guatemala. Un Organismo Judicial integrado por jueces independientes e imparciales, pone límites a los abusos de autoridad y es garante de la legalidad y la protección de los derechos de todas las personas.
El presente informe examina las amenazas estructurales y sistemáticas a la independencia judicial en Guatemala durante el periodo 2021-2026. Entre los principales factores identificados se encuentran:
- La concentración de poder en la Corte Suprema de Justicia
- La debilidad del Consejo de la Carrera Judicial
- La politización de los procesos de nombramiento
- La falta de estabilidad judicial
- El uso indebido del régimen disciplinario
El informe revela que las debilidades estructurales del sistema de justicia guatemalteco responden a un diseño institucional que permite la injerencia indebida en la función jurisdiccional, la politización de los procesos de nombramiento y la instrumentalización de la carrera judicial y el régimen disciplinario. Estas debilidades estructurales se han materializado en la manipulación de la designación de jueces y magistrados, generando nombramientos ad hoc, que son incompatibles con la garantía de juez natural.
En el ámbito de la independencia judicial externa, se ha revelado que los diversos mecanismos de hostigamiento, como el uso indebido del sistema penal, la presentación de demandas infundadas y las campañas de estigmatización contra jueces, son empleados de manera sistemática para hostigar a jueces independientes, lo que ha llevado a su renuncia forzada del sistema de justicia y en algunos casos, a su desplazamiento forzado para evitar el encarcelamiento arbitrario. Dichos actos provienen de aparatos clandestinos que operan con la aquiescencia, tolerancia y apoyo de actores estatales vinculados a redes económicas y políticas ilícitas que han cooptado el sistema de justicia desde las dictaduras militares.
En la parte final, el informe presenta recomendaciones al Estado de Guatemala orientadas a garantizar la independencia judicial y a dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales en la materia.
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[1] Ver informes Impunity Watch. Justicia en Riesgo (2018) y Justicia en Mayor Riesgo (2019).

