El 19 de noviembre de 2025, Cristosal presentó el informe “Sistema de Injusticia: patrones de persecución política en Guatemala”. En él se analiza el fenómeno de la criminalización y se documentan 100 casos de persecución contra periodistas, exoperadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos, autoridades indígenas y líderes comunitarios.
El informe revela cómo el Ministerio Público y algunos jueces y magistrados del sistema judicial han instrumentalizado la justicia para proteger a redes de poder y castigar a personas que denuncian la corrupción y defienden los derechos humanos en Guatemala.
Patrones de persecución política
Los casos de persecución analizados presentan dinámicas recurrentes como el uso indebido del derecho penal, violaciones al debido proceso, abuso de prisión preventiva, capturas arbitrarias y campañas de difamación. En el informe se identifican 3 patrones de persecución:
- Acoso: incluye campañas de difamación, amenazas, violencia digital y exposición de datos personales. El informe destaca un componente especialmente misógino cuando las víctimas son mujeres.
- Criminalización: consiste en la presentación de denuncias infundadas, distorsión de figuras penales y uso desproporcionado de la prisión preventiva, especialmente contra personas que defienden derechos humanos.
- Manipulación del proceso judicial: se manifiesta mediante restricciones al acceso a expedientes, uso indebido de la reserva, audiencias unilaterales, allanamientos intimidatorios y asignación arbitraria de casos a fiscalías o juzgados sin competencia.
En el informe se analizan tres casos emblemáticos. El caso de la exfiscal Virginia Laparra, quien fue perseguida y encarcelada por su trabajo anticorrupción en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, y quien se vio forzada a salir al exilio. En el caso del Comité Comunitario de Desarrollo (COCODE) de la Colonia Villas del Quetzal Sacatepéquez, sus miembros han sufrido intimidación y amenazas, destrucción de propiedad, violencia física y hasta asesinatos por parte de grupos de poder local que se oponen al bienestar de la comunidad. Finalmente, el caso de la Universidad de San Carlos, en el cual están siendo criminalizados estudiantes, profesores, trabajadores y defensores de derechos humanos que manifestaron en contra de la elección fraudulenta del rector Walter Mazariegos.
Las autoridades universitarias reaccionaron con acciones de intimidación, hostigamiento laboral, expulsión de estudiantes, sanciones administrativas y denuncias penales contra los manifestantes. Muchas personas han sido criminalizadas por ejercer pacíficamente su derecho a la libre expresión, asociación y manifestación. Entre ellas se encuentra el exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade (actualmente en exilio y con orden de captura); defensores de derechos humanos como Ramón Cadena y Helmer Velásquez; y académicos de la USAC, como Hada Alvarado y Eduardo Velásquez, entre otros.
En el informe se analizan los derechos humanos que se vulneran con la criminalización y el impacto que esto tiene para las víctimas de persecución y las consecuencias para el resto de la sociedad.
Lanzan Plataforma contra la Persecución Política
Durante la presentación del informe, Cristosal, junto a otras organizaciones como el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), el Consejo de Autoridades Ancestrales de Patzún, Oxlajuj Ajpop, Articulación Chimaltenango, Protection International y el Comité de Unidad Campesina (CUC), anunciaron la creación de la Plataforma Guatemala contra la Persecución Política.
Esta plataforma documentará, acompañará y visibilizará los casos de criminalización, tanto de personas que enfrentan procesos penales como de quienes se encuentran en el exilio.
El informe completo lo puedes descargar aquí: