El estudio del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) de Argentina y la Alianza por las Reformas de Guatemala revela el bajo desempeño del Ministerio Público (MP) durante la gestión de la Fiscal General Consuelo Porras 2018-2025.
El informe titulado ¿Eficacia o Impunidad? muestra que durante la gestión de Porras el presupuesto del MP se triplicó, pero se redujo a la mitad la eficacia de la institución para resolver los casos que recibe cada año. En 2018, el presupuesto fue de Q1,842 millones y en 2025 se incrementó a Q4,828 millones. Sin embargo, se observa una disminución en la eficacia para resolver casos: en 2018 la tasa de eficacia fue de 14.03% y en 2024 la tasa de eficacia fue de 6.31%.
La tasa de eficacia en delitos de alto impacto social, como homicidios, femicidios, violencia contra la mujer, extorsión, corrupción y delincuencia organizada, es apenas del 6.31%. Esto implica que el 93.69% de los casos no se resuelven adecuadamente, y en su mayoría quedan en la impunidad. A esto se suma la alarmante baja productividad de los fiscales y los auxiliares fiscales; en promedio, cada uno resuelve 8 casos al año.
El informe señala que existe una manipulación de datos en los informes anuales del MP, donde se presentan como “casos resueltos” las desestimaciones y los archivos, con lo cual se inflan artificialmente las tasas de “eficiencia anual”. Esto genera una imagen distorsionada de que el MP resuelve más casos de los que ingresan, cuando en realidad lo que ocurre es que la mayoría de los casos son desestimados o archivados. Por ejemplo, en el 2024 se desestimó el 74% de los casos.
Retroceso en la lucha contra la corrupción
El informe indica que muchos casos de gran corrupción investigados por la FECI-CICIG fueron cerrados mediante prácticas maliciosas para favorecer a sindicados de alto perfil político y económico, quienes han quedado libres de cargos. Además, señala que el MP prácticamente no investiga casos de gran corrupción de los gobiernos Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. La Comisión Nacional contra la Corrupción creada por el gobierno de Bernardo Arévalo ha presentado más de 270 denuncias de corrupción identificadas durante gobiernos anteriores, pero el MP ha desestimado el 20% de las denuncias, y el otro 80% se encuentra en investigación sin mostrar resultados.
Persecución penal arbitraria y criminalización
El informe destaca que el MP ha instrumentalizado el sistema penal con fines políticos, utilizando indebidamente el sistema para criminalizar a quienes luchan contra la corrupción. Esto incluye la persecución sistemática de exfiscales, jueces, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos, opositores políticos, estudiantes y líderes indígenas.
Como resultado de la criminalización, más de 100 personas han salido al exilio, más de 60 están siendo procesadas y 6 se encuentran en prisión. Se han girado órdenes de captura contra exoperadores de justicia con asilo político y personal internacional de la CICIG con inmunidad procesal.
Existe un patrón sistemático de criminalización que incluye vigilancia, amenazas, campañas de desprestigio, uso de tipos penales ambiguos (como abuso de autoridad o prevaricato) y la utilización de la prisión preventiva como castigo. Por lo general, los casos de criminalización son asignados a los mismos jueces, varios de los cuales han sido sancionados internacionalmente por obstruir la justicia y permitir la corrupción, lo que sugiere una manipulación del sistema de asignación de casos. Además, se viola el derecho de defensa.
Impacto negativo de la reestructuración del MP
La Fiscal General ha reconfigurado el personal del MP mediante decenas de remociones, sanciones y traslados sin seguir los procedimientos administrativos, vulnerando la independencia, inamovilidad y estabilidad en el cargo. El sistema disciplinario del MP depende de la Fiscal General, lo que compromete su imparcialidad y se ha utilizado como mecanismo de control y represalia.
Además, 105 fiscales han sido destituidos arbitrariamente (85 sin el debido procedimiento), y más de 600 han sido sancionados o trasladados injustificadamente, debilitando gravemente a fiscalías especializadas y afectando investigaciones importantes. En su lugar se ha nombrado personal sin preparación técnica en fiscalías especializadas, lo que ha deteriorado la capacidad de investigación y litigio, llevando a pérdida de pruebas, retrasos procesales y prescripción de delitos. Fiscalías especializadas como la FECI y la Fiscalía de Derechos Humanos fueron desmanteladas.
El estudio concluye que durante la gestión de la Fiscal General Consuelo Porras ha habido un grave retroceso institucional y se han cometido arbitrariedades que impactan negativamente el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos.
El informe completo se puede descargar aquí: