Los Ángeles, California, 9 de marzo, 2023. Durante el 186 Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) jueces de la región realizaron una audiencia temática sobre las amenazas a la independencia judicial en Centroamérica y Sudamérica. En la audiencia participaron jueces de siete asociaciones de jueces y magistrados de la región: el juez Leonardo Méndez de la Asociación de Magistrados del Uruguay; la magistrada Grenny Bolling, Presidenta de la Asociación de Magistrados de Bolivia; la jueza Adriana Orocu, Presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura; la jueza Fany Bennett, Presidenta de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras; el exmagistrado Sidney Blanco de El Salvador y el juez Carlos Ruano, Vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad.
Los comisionados de la CIDH Joel Hernández, Margarette May, Julissa Mantilla, Edgar Ralón, Esmeralda Arosemena y Carlos Bernal, escucharon las problemáticas comunes en la región planteadas por los jueces. Dentro de las amenazas destacaron problemas sobre la carrera judicial e inamovilidad en el cargo, procesos de selección de las altas cortes, intromisiones de los otros poderes del Estado en el poder judicial, falta de presupuesto, así como la grave criminalización y ataques a la libertad e integridad de los jueces y las juezas. Resaltaron la gravedad de la situación en El Salvador y Guatemala.
El exmagistrado Sidney Blanco señaló que en El Salvador la independencia judicial ha sido denigrada y destruida por el presidente y por la Asamblea Legislativa en complicidad con la Corte Suprema de Justicia. La destitución arbitraria de los 5 miembros de la Sala Constitucional sin derecho a defenderse, y las reformas a la Ley de Carrera Judicial dejando sin trabajo a jueces y juezas mayores de 60 años, entre otras acciones han atentado contra la independencia judicial. Blanco señaló que:
“La falta de independencia judicial no solo afecta y desanima a quienes ejercen la judicatura, sino que destruye la democracia y normaliza las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos”.
En Guatemala, el juez Carlos Ruano indicó que la criminalización se ha agudizado contra abogados, fiscales y jueces independientes que se han destacado por su trabajo contra la corrupción e impunidad. Se utiliza el procedimiento de antejuicio como un mecanismo de acoso y perturbación contra los jueces, que busca separarlos del cargo, detenerlos arbitrariamente o forzarlos a salir del país. Señaló que hasta ahora más de 25 operadores de justicia han tenido que salir al exilio debido a la persecución; además se refirió a su situación particular:
“En mi caso particular, estoy siendo perseguido por haber denunciado en 2017 a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, quien me citó a su despacho para pedirme que dejara libre a su hijo acusado en un caso de corrupción. Recientemente ella retomó su cargo y ahora, esa misma corte, le dio trámite a una denuncia en mi contra por haber presentado la denuncia en contra de dicha magistrada”.
El Comisionado de la CIDH, Joel Hernández, manifestó su preocupación por los problemas que señalaron los jueces, los cuales pueden ir desde la estigmatización por el trabajo hasta el abuso del derecho penal contra los jueces. El comisionado Carlos Bernal hizo alusión a la independencia judicial y se refirió a los criterios de selección de jueces y juezas, el cambio de jurisdicción de procesos, el control judicial de parte de un poder ejecutivo, los traslados arbitrarios de jueces, el cambio y la reducción de salarios, los criterios discrecionales en las evaluaciones de jueces, entre otros.
La comisionada Esmeralda Arosemena concluyó haciendo un llamado a los Estados de Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala para que respeten la independencia judicial y que los jueces no sean sometidos a ningún tipo de restricción o situaciones que afecten su integridad y libertad.
En la audiencia, los jueces plantearon las siguientes peticiones a la CIDH:
1. Recomendar al Estado uruguayo que adecúe su normativa interna para garantizar una carrera judicial justa, ecuánime y transparente.
2. Exhortar al Estado de Bolivia a tomar las medidas necesarias para reconocer la estabilidad laboral de los jueces de carrera en Bolivia, mal llamados transitorios.
3. Realizar una visita de trabajo al Estado de Costa Rica para la revisión de las reformas legales y sus consecuencias estructurales que impactan al poder judicial.
4. Levantar el tema de la ley de carrera judicial y la creación del Consejo de la Judicatura en la visita in loco al Estado de Honduras.
5. Exhorte al Estado de El Salvador a restituir la composición de la Sala de lo Constitucional y la derogación de las reformas a la Ley de Carrera Judicial que ordena el cese masivo de mayores de 60 años, que crea un régimen de disponibilidad y facilita traslados arbitrarios.
6. Estar pendientes y atentos a la situación de criminalización de operadores de justicia en Guatemala para dar seguimiento a las recomendaciones que la CIDH ha emitido.
Puedes ver la audiencia aquí.
Fotos: CIDH