El 5 de mayo de 2026 está previsto el inicio del juicio contra la abogada de derechos humanos Claudia González Orellana, ante el Tribunal Séptimo de Instancia Penal. El Ministerio Público de Guatemala la acusa del delito de abuso de autoridad por hechos vinculados a su labor como mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el 2017.
La acusación se basa en que la abogada Claudia González suscribió una petición contra la entonces magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling, con el propósito de solicitar el retiro de su inmunidad por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias. Según los hechos denunciados en su momento, Stalling habría intentado influir en el juez Carlos Ruano para favorecer a su hijo Otto Molina Stalling implicado en el caso IGSS-Pisa.
Por estos hechos, en 2017 el Congreso de la República le retiró la inmunidad a Blanca Stalling, quien enfrentó un proceso penal por tráfico de influencias. Además, Stalling fue vinculada a un proceso por resistencia al arresto tras amenazar a agentes policiales durante su captura.
Posteriormente, en julio de 2022, el juez Décimo de Primera Instancia Penal, Víctor Cruz decretó el sobreseimiento del caso de Stalling sin mayores explicaciones. Cruz, fue incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado de los Estados Unidos por socavar el Estado de Derecho y la Democracia.
Arbitrariedades en el proceso
Claudia González fue detenida el 28 de agosto de 2023, tras un allanamiento en su vivienda, y luego fue trasladada al centro de detención militar Mariscal Zavala, donde permaneció en prisión preventiva durante más de dos meses, hasta que la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal le otorgó medidas sustitutivas.
Desde el inicio el proceso contra Claudia González ha estado caracterizado por graves anomalías. La causa fue conocida por el juez Jimi Rodolfo Bremer -sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por socavar la democracia y el Estado de Derecho-. Se decretó reserva del caso y se restringió el acceso a la información y la publicidad del proceso. Se le impuso prisión preventiva de manera arbitraria, la cual fue revocada posteriormente por la Sala Primera Apelaciones por falta de fundamentación. Se registraron retrasos injustificados que han prolongado indebidamente el proceso por casi tres años, y se limitaron derechos fundamentales, como el derecho de defensa y acceso a la información.
Improcedencia del delito de abuso de autoridad
Según el artículo 418 del Código Penal, el delito de abuso de autoridad únicamente puede ser cometido por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de su cargo. Sin embargo, Claudia González no ostentaba esa calidad al momento de los hechos, sino que actuaba como mandataria de un organismo internacional adscrito a las Naciones Unidas. Al respecto, la Corte de Constitucionalidad, en opinión consultiva expediente 791-2007, estableció que la CICIG era un órgano internacional independiente, ajeno a la estructura del Estado guatemalteco, por lo que su personal no puede ser considerado funcionario o empleado público nacional. En consecuencia, resulta jurídicamente improcedente atribuirle el delito de abuso de autoridad a la abogada González.
Pretender aplicar esta figura penal en su contra constituye una interpretación extensiva e indebida del derecho penal, contraria al principio de legalidad y a estándares internacionales de debido proceso.
Un caso emblemático de criminalización
El caso de Claudia González se inscribe en un patrón más amplio de persecución penal contra operadores de justicia que participaron en la lucha contra la corrupción en Guatemala, particularmente aquellos vinculados a la CICIG.
Al igual que la exfiscal Virginia Laparra, su caso refleja el uso indebido del derecho penal como mecanismo de represalia. Bajo la dirección de la fiscal general Consuelo Porras, múltiples fiscales, jueces y abogados han sido investigados, detenidos o forzados al exilio, como lo han señalado los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatora de Independencia Judicial de las Naciones Unidas.
Trayectoria y reconocimiento internacional
Claudia González cuenta con más de 30 años de trayectoria en derechos humanos y justicia. Ha participado en casos emblemáticos como el de Myrna Mack y ha trabajado con organismos internacionales como Naciones Unidas, USAID y la cooperación española.
Tras el cierre de la CICIG en 2019, Claudia González asumió la defensa de varios exfiscales y operadores de justicia criminalizados, lo que refuerza la hipótesis de un uso instrumental del derecho penal en su contra.
Su labor ha sido reconocida internacionalmente, incluyendo el premio otorgado en 2023 por la organización Lawyers for Lawyers por su compromiso con el Estado de Derecho.
Diversos actores internacionales —incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos— han expresado preocupación por su detención y el proceso en su contra. Asimismo, Amnistía Internacional ha denunciado que su arresto constituye un intento de silenciar a quienes luchan contra la impunidad.
Ante el inicio del juicio de Claudia González, es fundamental que se garantice el respeto al debido proceso, al principio de legalidad, así como la publicidad y transparencia de las audiencias. Se deben evitar más retrasos injustificados y se debe realizar una valoración objetiva e imparcial de la prueba.
El caso de Claudia González representa una prueba crítica para el sistema de justicia guatemalteco. La justicia no puede seguir siendo instrumentalizada para perseguir arbitrariamente a quienes luchan contra la corrupción y defienden los derechos humanos