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Guatemala, 13 de octubre de 2023. La Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones de Guatemala cumplen hoy cuatro años de prolongación indebida de funciones, convirtiéndose en “cortes de facto”, debido a que el Congreso de la República se niega a cumplir con la obligación constitucional de elegir a los magistrados y magistradas de ambas cortes para el período 2019-2024.
La crisis en la elección de cortes inició en 2019, cuando las comisiones de postulación a cargo del proceso cometieron graves errores que retrasaron la elección, posteriormente la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) reveló el caso “Comisiones paralelas 2020”, que puso en evidencia una serie de negociaciones ilícitas y secretas que se estaban realizando en ese entonces para elegir a los magistrados de ambas cortes. Por esta razón, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió el proceso en dos ocasiones; hasta que finalmente, el 6 de mayo de 2020, la CC emitió una sentencia en la que estableció los criterios y procedimientos que debía seguir el Congreso para cumplir con la elección.
Desde entonces, el Congreso se ha negado a cumplir la sentencia de la CC, la cual establece que los diputados deben elegir de viva voz a los candidatos que cumplan con los requisitos de capacidad, idoneidad, honradez y honorabilidad que establece la Constitución, y que deben excluir de la elección a las personas que tengan señalamientos del Ministerio Público. El Congreso debió iniciar con la elección el 23 de junio de 2020, pero la Junta Directiva del Congreso y los diputados oficialistas se niegan a cumplir la sentencia de la CC, argumentando que no puede excluir de la nómina de aspirantes a las personas señaladas por la FECI porque eso violaría el “principio de inocencia”, y que los diputados no pueden realizar la votación de viva voz porque eso tomaría mucho tiempo.
Por otra parte, la fiscal general, Consuelo Porras, no ha solicitado la debida ejecución de la sentencia de la CC para que los diputados cumplan con la elección, y tampoco ha emprendido acciones legales en contra de los diputados por los posibles delitos de desobediencia, incumplimiento de deberes y violaciones a la Constitución.
Esta situación ha provocado que los magistrados electos en 2014 continúen de manera indebida en el cargo, lo cual ha tenido un impacto negativo para la justicia y la democracia del país, particularmente por el papel negativo que está jugando la CSJ en la actual crisis electoral.
Anomalías en la elección de 2019
De acuerdo con la Constitución Política de la República, la elección de magistrados y magistradas de la CSJ y las Cortes de Apelaciones se debe desarrollar en dos etapas. En la primera etapa, las Comisiones de Postulación -integrada por los decanos de las facultades de derecho de las universidades del país, los magistrados de la CSJ y las Corte de Apelaciones, así como un número igual de representantes electos en Asamblea General del Colegio de Abogados- deben preseleccionar a los mejores aspirantes y deben definir una nómina de 26 aspirantes para la CSJ[1] y 246 aspirantes para las Cortes de Apelaciones[2]; luego deben trasladar dicha nómina al Congreso de la República. En la segunda etapa, el Congreso debe elegir de la nómina a 13 magistrados para la CSJ y 123 magistrados para las Corte de Apelaciones para un período de cinco años.
Sin embargo, en ambas etapas del proceso de elección de cortes de 2019 se cometieron graves errores, y en lugar de elegir a los mejores aspirantes con base en sus méritos profesionales y éticos, se privilegiaron las negociaciones secretas y el tráfico de influencias[3]. La FECI descubrió que Gustavo Alejos Cambara,[4] ex-secretario privado de la presidencia, coordinaba la elección desde un sanatorio privado en donde se encontraba recluido por actos de corrupción. Alejos se reunía de manera secreta con diputados, miembros de comisiones de postulación y aspirantes a magistrados a efecto de obtener su elección a cambio de garantizar impunidad para los funcionarios y personas procesados por delitos de gran corrupción[5].
A raíz de las investigaciones de la FECI, la Fiscal general Consuelo Porras presentó una acción constitucional de amparo[6], para evitar que se eligiera a los candidatos que pudieran estar vinculados con este tráfico de influencias, o que no cumplieran con los requisitos de idoneidad, capacidad y honradez que establece la Constitución.
El 6 de mayo de 2020, la Corte de Constitucionalidad[7] declaró con lugar el amparo promovido por la fiscal general y ordenó al Congreso de la República que eligiera a los magistrados de CSJ y Salas de Apelaciones, aplicando rigurosamente los requisitos de idoneidad capacidad y honradez y que se excluyera aquellos candidatos que hubiesen negociado sus postulaciones. Para el efecto, la CC ordenó al MP presentar un informe sobre los candidatos que hubieran participado en negociaciones de sus postulaciones, conforme la investigación de FECI[8]. Asimismo, ordenó al Congreso de la República excluir a los candidatos que tuvieran procesos penales vinculados con corrupción. La CC fijó al Congreso de la República el plazo de un mes para elegir a los candidatos, debiendo expresar de viva voz cada diputado las razones por las cuales votaba por cada candidato.
El 24 de junio de 2020, la mayoría de diputados del Congreso de la República se negó a acatar la resolución de la CC, y, por el contrario, la junta directiva del Congreso promovió un antejuicio en contra los magistrados de la CC[9] por emitir dicha resolución. Sin embargo, dicho antejuicio no prosperó porque de acuerdo con la Ley de Amparo y Exhibición Personal, los magistrados de la CC no pueden ser perseguidos por sus resoluciones[10].
La desobediencia del Congreso y la inoperancia del MP
Por cuatro años consecutivos, el Congreso de la República ha incumplido con la obligación constitucional de elegir magistrados y magistradas de las altas cortes y ha desobedecido la resolución de la Corte de Constitucionalidad del 6 de mayo de 2020. Por lo general los diputados incluyen el tema de la elección de cortes como último punto de la agenda legislativa, pero nunca alcanza a discutirla. Varios juristas coinciden en que, con estas acciones, los diputados han incurrido en los delitos de violación a la Constitución, incumplimiento de deberes y desobediencia.
La fiscal general, Consuelo Porras, también ha incurrido en responsabilidades penales porque no ha hecho nada para garantizar que se cumpla con la elección. En primer lugar, la fiscal general no ha pedido la debida ejecución de la sentencia de la CC, pese a que dicha sentencia se deriva de la acción de amparo que ella presentó con base en el “Caso Comisiones Paralelas 2020”, lo cual representa un incumplimiento de deberes y violación a la Constitución. Además, la fiscal general tampoco ha emprendido acciones legales en contra de los diputados que se oponen a cumplir con la elección.
Impacto negativo para la justicia
El retraso en la elección de cortes ha tenido un impacto negativo para la justicia y la democracia del país. La actual CSJ carece de legitimidad y ha emitido resoluciones seriamente cuestionadas que favorecen a sectores económicos y funcionarios acusados de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, la CSJ les dio trámite a solicitudes de antejuicio en contra de cuatro de los jueces más destacados del país, los jueces Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez, Pablo Xitumul y Carlos Ruano. Pero, por otra parte, la CSJ ha rechazado todas las solicitudes de antejuicio en contra de la fiscal general Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana.
Diversos organismos de protección de los derechos humanos han denunciado la la cooptación del Ministerio Público y las cortes, y han condenado la persecución sistemática en contra de fiscales, jueces, abogados y ex funcionarios de la CICIG, así como la criminalización en contra de periodistas y defensores de derechos humanos que denuncian la corrupción.
En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluyó a Guatemala en el Capítulo IV.B de su Informe Anual, al constatar graves retrocesos en la lucha contra la impunidad y la corrupción. La CIDH concluyó que las injerencias a la independencia del Poder Judicial y los retrocesos en materia de corrupción e impunidad afectaban gravemente el acceso a la justicia y, consecuentemente, la propia vigencia de los derechos humanos de la población guatemalteca, en especial, de los grupos históricamente excluidos y discriminados como mujeres, pueblos indígenas y las víctimas del conflicto armado interno[11].
En 2022, la Comisión advirtió una intensificación de la persecución judicial, la criminalización y el abuso del procedimiento de antejuicio con la finalidad de amedrentar y retirar de su cargo a personas operadoras de justicia encargadas de la investigación y juzgamiento de casos vinculados con el conflicto armado interno, incluyendo casos que cuentan con sentencia de la Corte Interamericana, y con hechos de corrupción de alto impacto o gran escala, con el fin de favorecer a estructuras y grupos de poder interesados en asegurar la impunidad . Estos hechos ocurren en un contexto de señalamientos sobre la falta de independencia del Ministerio Público y su fiscal general por su rol en la persecución judicial[12].
Por otra parte, cinco magistrados de la actual CSJ han sido incluidos en la Lista Engel del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y han sido señalados como actores que obstruyen sistemáticamente la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala, entre ellos: Blanca Aida Stalling Davila, Manuel Duarte Barrera, Nester Vásquez Pimentel, Vitalina Orellana y Nery Oswaldo Medina[13].
En la coyuntura actual, preocupa el rol de la CSJ en la crisis electoral. La CSJ debe resolver varios amparos presentados por el Tribunal Suprema Electoral, el Movimiento Semilla y otros partidos políticos, así como acciones de amparo presentadas por ciudadanos y representantes de la sociedad civil que piden que se respeten los resultados del proceso electoral y se ponga frenos a los abusos de poder y los excesos del Ministerio Público y el juez Fredy Orellana. Sin embargo, existen serias dudas sobre la imparcialidad de la CSJ para resolver dichas acciones de amparo.
[1] Artículo 215 de la Constitución. Elección de la Corte Suprema de Justicia. (Reformado). Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso de la República para un período de cinco años, de una nómina de veintiséis candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los Rectores de las Universidades del país, quien la preside; los Decanos de las Facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada Universidad del país, un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales a que se refiere el Artículo 217 de esta Constitución.
[2] Artículo 217 de la Constitución. Los magistrados titulares a que se refiere este artículo serán electos por el Congreso de la República, de una nómina que contenga el doble del número a elegir, propuesta por una Comisión de Postulación integrada por un representante de los Rectores de las Universidades del país, quien la preside; los Decanos de las Facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada Universidad del país, un número equivalente de miembros electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia
[3] Sobre esto ver: CIDH. Informe anual 2015. Capitulo IVB. Guatemala. Párr. 20. Durante el 2014 y 2015, la CIDH recibió información sobre las afectaciones a la independencia judicial en Guatemala por la falta de idoneidad de los procesos de nombramiento y selección de las y los operadores de justicia. Asimismo, continuó recibiendo información sobre los preocupantes índices de impunidad que, entre otros efectos, repercute directamente en el acceso a la justicia. La CIDH observa que el índice de impunidad por el delito de homicidio, según un informe de la CICIG de noviembre de 2015.
[4] RICIG. Fiscalía Especial contra la Impunidad presenta caso Comisiones Paralelas 2020, disponible en https://www.ricig.org/caso-comisiones-paralelas-2020/
[5] Este problema también ocurrió en la elección de cortes de 2014. La CICIG y el MP descubrieron que la elección estuvo amañada y promovieron procesos penales en contra de Roberto López Villatoro, (conocido como el Rey del Tenis), el magistrado Giovani Orellana Donis, magistrados de la CSJ, y otros actores que negociaron indebidamente las nóminas de aspirantes de 2014.
[6] Guatevision. 24 de febrero de 2020. MP presenta amparo contra la elección de magistrados judiciales Disponible en: https://www.guatevision.com/nacionales/mp-presenta-amparo-contra-la-eleccion-de-magistrados-judiciales
[7] Corte de Constitucionalidad, Expediente 1169-2020, sentencia de 6 de mayo de 2020.
[8] El contenido del informe de FECI. Ministerio Público, “Informe de la totalidad de los profesionales que conforman las nóminas remitidas por la Comisión de Postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones” 28 de mayo de 2020, disponible en https://bit.ly/3DxaTRbc
[9] CIDH, Comunicado de Prensa de 30 de junio de 2020. CIDH expresa preocupación por diligencias de antejuicio promovidas contra cuatro magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Disponible en CIDH expresa preocupación por diligencias de antejuicio promovidas contra cuatro magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (oas.org)
[10] Artículo 167 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal.
[11] CIDH. Informe anual 2022. Capitulo IV B. Guatemala. Párr.3. Disponible en https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2022/capitulos/10-IA2022_Cap_4B_GU_ES.pdf
[12] CIDH. Informe anual 2022. Capitulo IV B. Guatemala. Párr. 8.
[13] Prensa Libre. 19 de julio de 2023 Lista Engel: Quiénes son los 49 guatemaltecos que Estados Unidos ha señalado en los últimos tres años como responsables de “corrupción significativa”. Disponible en: Lista Engel: Quiénes son los 49 guatemaltecos que Estados Unidos ha señalado en los últimos tres años como responsables de “corrupción significativa” (prensalibre.com)