Nuevo Informe de la Relatora de Independencia Judicial
La Relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, acaba de presentar su nuevo informe titulado “La justicia no se vende: la influencia indebida de los actores económicos en el poder judicial, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
El informe analiza la creciente influencia de poderosos actores económicos, como las grandes empresarios y personas acaudaladas, en los sistemas de justicia de varios países.
Los poderes económicos aprovechan sus recursos para inclinar la balanza de la justicia en favor de sus intereses.
Estos actores buscan influir en los procesos judiciales y en el nombramiento de jueces y magistrados para proteger sus intereses económicos y limitar la participación de la ciudadanía que cuestiona sus actividades, lo cual representa una grave amenaza para los derechos humanos.
La Relatora resalta que la independencia judicial es una condición fundamental para asegurar la igualdad ante la ley y la justicia, pero la presión indebida de las grandes empresas y los poderosos amenaza con socavar la independencia judicial, promoviendo un sistema parcial que beneficia a los poderosos y excluye o silencia los grupos más vulnerables.
En el informe se destaca el caso de Guatemala, en el cual se evidencia la influencia indebida del poder económico en el sistema de elección de cortes. Se señala la presión de grupos de poder económica y redes de corrupción en los procesos de selección de magistrados y magistradas para las altas cortes del país, como lo demostró la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el “Caso Comisiones Paralelas”, en el cual se evidenciaron los sobornos que recibieron miembros de las comisiones de postulación en la elección de cortes en 2014.
La Relatora concluye que la defensa de un sistema judicial independiente y justo exige enfrentar la influencia indebida de actores económicos poderosos, quienes buscan beneficiarse a costa de la imparcialidad y la equidad. Es importante reconocer y abordar estas prácticas para proteger la independencia judicial y los derechos humanos, y preservar la igualdad ante la ley. Además, insta a los Estados y a los profesionales del ámbito judicial a fortalecer las instituciones para evitar estos abusos, reafirmando su compromiso con un sistema de justicia que sirva a todos los sectores de la sociedad sin discriminación ni favoritismos.
El informe incluye importantes recomendaciones:
- Para evitar la influencia económica indebida en la selección de magistrados: establecer criterios objetivos, transparentes y basados en méritos para elegir a los magistrados, y promover consejos judiciales y órganos de selección independientes.
- Para preservar la integridad del sistema judicial: crear órganos deontológicos independientes que orienten a los magistrados sobre las actividades compatibles con sus responsabilidades y deberes.
- Para combatir las demandas estratégicas: dotar a fiscales y magistrados de herramientas para detectar y rechazar estas demandas, e impulsar que los colegios de abogados implementen directrices éticas y sanciones. Los Estados deben legislar contra el abuso de demandas estratégicas, despenalizar la difamación y crear salvaguardas jurídicas contra los abusos.
Informe completo en español aquí
Full report in English here