Finalmente, tomó posesión la Corte de Constitucionalidad de Guatemala para el período 2026-2031. El proceso de elección se realizó en medio de fuertes tensiones políticas y presiones de actores externos. Se desarrolló entre enero y marzo de 2026 y fue poco transparente. Lamentablemente, prevalecieron los intereses políticos por encima de los criterios técnicos para elegir a las personas más íntegras, capaces e independientes para conformar la corte más importante del país.
La designación estuvo a cargo de cinco órganos: El Congreso, la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), la única universidad pública del país[1]. Cada órgano eligió a un magistrado (a) titular y un suplente para un período de cinco años. De esta cuenta, la Corte de Constitucionalidad quedó integrada de la siguiente manera:
Integración de la nueva CC
| ÓRGANO ELECTOR | FECHA DE LA ELECCIÓN | MAGISTRADO (A) TITULAR | MAGISTRADO (A) SUPLENTE |
| CANG | 12 de febrero | Astrid Lemus | Luis Fernando Bermejo |
| CSU USAC | 16 de febrero | Julia Rivera Aguilar | José Aguirre Pumay |
| Corte Suprema de Justicia | 3 de marzo | Dina Ochoa | Claudia Paniagua |
| Organismo Legislativo | 5 de marzo | Roberto Molina Barreto | Luis Rosales |
| Organismo Ejecutivo | 11 de marzo | Annabella Morfín | Magdalena Jocholá |
La CC se renovó parcialmente, ya que dos magistrados titulares y dos suplentes de la anterior Corte fueron reelectos, y los otros tres titulares y suplentes son nuevos. La reelección de las magistradas Dina Ochoa y Claudia Paniagua por la Corte Suprema de Justicia, y la reelección de los magistrados Roberto Molina Barreto y Luis Rosales por el Congreso de la República fueron fuertemente criticadas por la sociedad civil. Durante su gestión emitieron resoluciones cuestionables y protegieron a la actual fiscal general Consuelo Porras, sancionada por más de 40 países por socavar la justicia y la democracia. Además, avalaron la liberación de personas señaladas de corrupción y violaciones a los derechos humanos, y permitieron la criminalización de exfiscales y jueces anticorrupción, y han avalado la persecución contra defensores de derechos humanos, periodistas y Autoridades Indígenas.
La elección de la CC se realizó en un contexto político agitado porque coincidió con la elección de magistrados (as) para el Tribunal Supremo Electoral y la elección de Fiscal General, procesos que igualmente se han desarrollado en medio de una disputa política entre dos fuerzas: sectores antidemocráticos que buscan mantener el control del tribunal electoral y el sistema de justicia para mantener sus privilegios, y sectores democráticos que buscan una renovación total de las instituciones y restablecer su independencia.
Los magistrados y magistradas de la CC fueron juramentados por el Congreso de la República el 24 de marzo y tomaron posesión el 14 de abril de 2026, en un clima de incertidumbre por las acciones legales que se presentaron en contra de la elección que realizó el Consejo Superior Universitario de la USAC y los intentos del Ministerio Público por anular la elección del CANG[2].
En este informe se describe brevemente el procedimiento que siguió cada órgano para la elección, y se examinan cinco anomalías que se observaron durante el proceso:
- La designación de la CC se basó en intereses políticos y no en criterios técnicos.
- El proceso se desarrolló de manera apresurada y opaca.
- Injerencias indebidas de actores externos en la elección.
- Los magistrados de la anterior CC abusaron de su posición para buscar su reelección.
- Cuestionamientos sobre la legitimidad del CSU de la USAC
En la parte final del informe se analizan algunas de las recomendaciones de las tres misiones internacionales que observaron el proceso: la Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Misión de Observación de la Unión Europea (UE) y el Panel Internacional de Personas Expertas (PEI); y los desafíos que deberá enfrentar la nueva Corte de Constitucionalidad.
Ver informe completo aquí
[1] El artículo 269 de la Constitución Política de la República establece que la Corte de Constitucionalidad se integra con cinco magistrados titulares y cinco suplentes para un período de 5 años, los cuales deberán ser designados por: el pleno de la Corte Suprema de Justicia, el pleno del Congreso de la República, el Presidente de la República en Consejo de Ministros, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y la Asamblea del Colegio de Abogados.
[2] El artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (Decreto 1-86), establece que no es impugnable el procedimiento interno para la designación de los magistrados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, por el pleno del Congreso de la República y por el Presidente de la República en Consejo de Ministros. La designación de Magistrados por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala podrán ser impugnadas conforme a la ley; pero mientras se resuelven las impugnaciones continuarán actuando los Magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos”.