El 17 de mayo tomó posesión el nuevo Fiscal General de Guatemala, Gabriel García Luna. Su nombramiento genera esperanzas de cambio en la justicia, luego de la nefasta gestión de la fiscal general Consuelo Porras -sancionada por más de 40 países por socavar la democracia y el Estado de Derecho-.
El nuevo fiscal general enfrentará grandes retos para recuperar la independencia, objetividad y credibilidad en el Ministerio Público, para ello deberá definir una nueva política criminal enfocada en la persecución de delitos de alto impacto social, como la corrupción, el crimen organizado, las extorsiones, los homicidios, la violencia contra las mujeres y las graves violaciones a los derechos humanos del conflicto armado interno. Además, deberá terminar con la persecución política y la criminalización contra periodistas, defensores de derechos humanos, exoperadores de justicia y líderes indígenas, que inició la exfiscal general Consuelo Porras.
El proceso de elección de fiscal general se desarrolló entre enero y mayo de 2026 y estuvo marcado por tensiones políticas. Además, coincidió con la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad, y con la controvertida reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos. El proceso fue observado por organizaciones de la sociedad civil y por tres misiones internacionales: la Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Misión Técnica de la Unión Europea (UE), y el Panel de Expertos Independientes (PEI), impulsado por organizaciones internacionales de la sociedad civil, como CEJIL, DPLF, Impunity Watch entre otras.
Durante el proceso se repitieron problemas similares a procesos anteriores. La Comisión de Postulación encargada de seleccionar a los 6 aspirantes a fiscal general no utilizó instrumentos adecuados para evaluar a los aspirantes ni tomó en cuenta las tachas que presentó la sociedad civil contra aspirantes que no cumplían con los requisitos éticos para el cargo, como la exfiscal general Consuelo Porras, quien buscaba su reelección para un tercer período. Además, se intentó judicializar el proceso y retrasarlo por medio de más 25 acciones legales, y se registraron presiones y amenazas contra miembros de la Comisión de Postulación. Se excluyó a los jueces del proceso de elección y fue evidente la parcialidad de varios comisionados que intentaron excluir del proceso a candidatos con buen perfil profesional, y que votaron por Consuelo Porras en la elección final.
En este informe se analiza brevemente el desarrollo del proceso de elección de fiscal general, se señalan las anomalías observadas, se examina el perfil y los planes de trabajo de los 6 candidatos que llegaron a la nómina final, y se presentan los principales retos que deberá enfrentar el próximo fiscal general. En la parte final del informe se incluyen algunas recomendaciones de la comunidad internacional para reformar el sistema de comisiones de postulación y la elección de autoridades judiciales en Guatemala.
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