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OACNUDH publica recomendaciones para la Elección de Cortes

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) publicó unas recomendaciones tomando en cuenta los principales Estándares Internacionales Aplicables en la Elección de las Altas Cortes de Justicia. Estas pueden y deben ser aplicadas en el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de Corte de Apelaciones para el período (2024-2029) que actualmente se desarrolla en nuestro país.

Los criterios recomendados hacen especial hincapié en el respeto a los Derechos Humanos que debe primar en todo el proceso. Destacando los siguientes puntos: 

  1. Independencia judicial y proceso de elección de magistrados y magistradas: Se refiere al respeto a los convenios y tratados internacionales suscritos por Guatemala que garantizan la independencia del poder judicial y el derecho de las personas usuarias de la justicia de gozar de garantías relacionadas con el plazo razonable y la independencia e imparcialidad de los tribunales o jueces. 

  2. Objetividad, transparencia, publicidad y participación ciudadana en el proceso de selección: La selección y nombramientos de jueces y magistrados debe ser bajo el procedimiento prescrito por la ley, sin influencias ajenas y con procedimientos que garanticen su imparcialidad e independencia.

  3. Selección de candidatas y candidatos idóneos y capaces: La integridad e idoneidad de los aspirantes es uno de los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura. Sobre esto, en 2018 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó a Guatemala su preocupación  por la politización del sistema de selección y nombramiento de altas autoridades judiciales y recordó que el Estado debe desarrollar criterios objetivos y transparentes para evaluar los méritos de los candidatos conforme a requisitos de idoneidad, competencia y honorabilidad.

  4. Elección equitativa de grupos insuficientemente representados: Esto hace referencia a la necesidad de promover desde el Estado la diversidad, tomando medidas para que grupos insuficientemente representados como los pueblos indígenas puedan integrarse a las instituciones y órganos participando de manera directa y proporcional.  

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