El 25 de marzo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala presentó su informe del año 2024, en el cual examina la situación de los derechos humanos, justicia y discriminación en el país. Entre los temas destacados están la situación de las personas que defienden derechos humanos, situación de los pueblos indígenas, libertad de expresión, acceso a la tierra y recursos humanos, acceso a la justicia, independencia judicial y justicia transicional.
Retrocesos en casos del conflicto armado
Según el informe, en el 2024 hubo retrocesos en casos emblemáticos del conflicto armado interno y esto afecta el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas. La OACNUDH identificó dilaciones indebidas en juicios emblemáticos, el estancamiento de procesos judiciales y la liberación de exmilitares acusados de graves violaciones a los derechos humanos.
En el caso CREOMPAZ, la Oficina destacó que la anulación del juicio y la liberación de los acusados representan un serio revés para la justicia de las víctimas. Además, el juicio por el Caso Genocidio Ixil se vio afectado por presiones externas al tribunal y la destitución del fiscal que estaba a cargo del caso, Erick de León, lo que genera preocupación sobre la independencia judicial.
La Oficina del Alto Comisionado instó al Estado a cumplir con los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz y a garantizar el derecho de las víctimas a la justicia con la pronta creación del Plan Nacional de Dignificación de Víctimas del Conflicto Armado,la creación de archivos históricos y del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Derechos humanos y criminalización de operadores de justicia
El informe también reveló que 70 exoperadores de justicia han sido criminalizados por el Ministerio Público y el sistema judicial como represalia por su labor contra la corrupción. La Oficina documentó los casos de 28 personas (20 mujeres y 8 hombres) que han sufrido persecución penal, violencia digital, amenazas y detenciones arbitrarias. Al menos, el 80% de las denuncias provienen de personas que están o fueron investigadas previamente por actos de corrupción.
En cuanto a la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones, la OACNUDH señaló que en el proceso se detectaron serias limitaciones que afectaron la transparencia y la evaluación objetiva de los aspirantes.
Recomendaciones del informe
El informe presenta una serie de recomendaciones para garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos humanos en el país. Entre ellas destacan:
- Proteger a operadores de justicia y defensores de derechos humanos.
- Reforzar la independencia del sistema judicial y garantizar la transparencia en la elección de magistrados.
- Asegurar justicia para las víctimas del conflicto armado y evitar la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos.
- Garantizar el acceso equitativo a la justicia, en especial para poblaciones vulnerables.
Conoce el informe completo aquí: