Informes

Relatora de la ONU advierte sobre los riesgos del control político de la justicia

El 25 de junio, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Independencia Judicial, Margaret Satterthwaite, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe de 19 páginas titulado Salvaguardar la independencia de los sistemas judiciales frente a los desafíos contemporáneos a la democracia.

De acuerdo con sus propias palabras, el informe “describe los esfuerzos gubernamentales para controlar los sistemas judiciales y destaca el papel crucial de jueces, fiscales, abogados y trabajadores de justicia comunitarios en la salvaguardia de la democracia”.

Este informe se da en un año eminentemente electoral, donde casi la mitad de la población mundial votará en alrededor de 60 países. Pese a eso, Satterthwaite afirmó que vivimos en un contexto de autocratización y declive democrático, por lo que hizo un llamado a todos los Estados para que revitalicen “la confianza pública en las instituciones de justicia y defiendan a los actores de la justicia y su papel indispensable en la salvaguardia de la democracia”.

A lo largo del informe, la Relatora Especial hace hincapié en los desafíos que enfrenta la democracia y el papel, los obstáculos y los riesgos que enfrentan los jueces, fiscales, abogados y defensores del Estado de Derecho y los Derechos Humanos. También de los abusos de los sistemas de justicia para influir o controlar, los ataques e injerencias contra operadores de justicia o la influencia del poder Ejecutivo en las decisiones judiciales alrededor del mundo.

El caso de Guatemala

Aunque se trata de un informe global donde se ejemplifican situaciones que ocurren en diversos países, la Relatora se refirió al hostigamiento y las amenazas contra jueces y fiscales de Guatemala.

“En Guatemala se han producido reiterados actos de intimidación, ataques y represalias contra jueces y fiscales, especialmente los que supervisan casos de corrupción y derechos humanos. Las represalias a veces han asumido una forma de género, como en la filtración de información privada en línea de las juezas”.

Señaló que “el enjuiciamiento penal puede dirigirse a los agentes de la justicia que han manejado casos relacionados con la corrupción pública o las violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno, desalentando así a los jueces y fiscales a exigir al Estado que rinda cuentas ante la ley. Esto ha sido descrito como una estrategia para asegurar la impunidad”.

Recomendaciones

El informe incluye un apartado de Conclusiones y Recomendaciones para “resistir las tendencias autocráticas y promover la gobernanza participativa”. Para ello se tomaron en cuenta más de 89 propuestas del mundo académico y la sociedad civil y se tuvo comunicación con interlocutores de 43 países. Algunas de las aplicables para Guatemala son las siguientes:

  • Cualquier acto de violencia o amenazas de violencia, o cualquier forma de intimidación, coacción o injerencia inapropiada contra jueces, fiscales, abogados o trabajadores de la justicia debe ser debidamente investigado. Del mismo modo, se deben tomar medidas para evitar que se repitan en el futuro. Los Estados tienen el deber especial de garantizar la seguridad personal de los jueces, fiscales y sus familias, y de proporcionar el asesoramiento o el apoyo psicológico necesarios, cuando proceda.
  • El consejo judicial debe funcionar de manera transparente y estar libre de cualquier influencia o presión indebida de las ramas legislativa o ejecutiva del gobierno.
  • El procedimiento de selección y nombramiento de jueces debe basarse en criterios objetivos previamente establecidos por la ley o por la autoridad competente.
  • Los fiscales deben estar aislados de castigos o recompensas por motivos políticos por cumplir con sus deberes profesionales. La seguridad en el cargo de los fiscales debe estar asegurada por la ley y garantizada. El ascenso de los fiscales debe basarse en factores objetivos y decidirse mediante procesos justos e imparciales. El traslado de fiscales a otros puestos no debe utilizarse como una amenaza. Y la destitución de los fiscales debe basarse en leyes o reglamentos y estar sujeta a una revisión independiente.

Lee el informe completo a continuación:

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