El 23 de abril de 2026 se cumple un año de la detención arbitraria de los exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes están siendo acusados de los delitos de asociación ilícita, obstaculización a la acción penal y terrorismo por haber participado en las manifestaciones pacíficas de 2023 en defensa de la democracia.
La audiencia de primera declaración se realizó el 25 de abril de 2025. La jueza de turno, Carol Patricia Flores, los ligó a proceso por dos delitos: terrorismo y obstaculización a la acción penal, pero posteriormente, el Ministerio Público apeló esta resolución y la Sala Cuarta de Apelaciones les agregó el delito de asociación ilícita.
La jueza Flores los envió a prisión preventiva y le dio al Ministerio Público un plazo de dos meses para concluir la investigación y presentar la acusación formal. Este plazo venció el 23 de junio de 2025, pero los exdirigentes indígenas continúan en prisión preventiva por la falta de un juez que se haga cargo del caso debido a las presiones de la Fundación contra el Terrorismo, que figura como querellante adhesivo en el proceso.
Hasta ahora han sido asignados 4 jueces diferentes, pero 3 fueron recusados por la Fundación contra el Terrorismo y uno se excusó. El primer juez asignado fue Mario Rodrigo Flores Maldonado, del Juzgado Cuarto Penal, pero la FCT lo recusó por “dudar de su imparcialidad”. Luego fue asignada la jueza “A” del Juzgado Quinto Penal, Judith Secaida Lemus, quien también fue recusada por la FCT. El tercero fue el juez “B” del Juzgado Quinto, Arnulfo Carrera, pero igualmente fue recusado por la FCT en diciembre de 2025 con base en señalamientos falsos como que el juez tenía relación personal con Luis Pacheco y había aceptado sobornos.
El 10 de febrero de 2026, la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, integrada por Alejandro Prado Estrada (presidente), Ingrid Vanessa García Vásquez (vocal I) y Mario Federico Hernández Romero (vocal II), aceptó la recusación contra el juez Carrera, y designó al juez Séptimo del Ramo Penal, Fredy Orellana. El 10 de abril de 2026, el juez Orellana se excusó de conocer el caso, argumentando que él había emitido resoluciones relacionadas con la cancelación del partido Semilla, lo que provocó las manifestaciones de octubre de 2023.
Ahora la Sala Tercera deberá designar a un nuevo juez para conocer el caso; mientras tanto, se sigue prolongando la prisión preventiva y el proceso penal de Luis Pacheco y Héctor Chaclán.
Violaciones al debido proceso
En el presente caso se están violando los derechos al juez natural y al debido proceso. La falta prolongada de un juez competente, derivada de recusaciones sistemáticas y excusas, ha generado una situación de indefensión que viola los estándares internacionales de derechos humanos y agrava la situación de privación de libertad de los procesados. Las autoridades judiciales tienen la obligación de restablecer el control jurisdiccional efectivo y garantizar una revisión inmediata de la medida cautelar impuesta, a fin de cumplir con el artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dispone que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable o puesta en libertad.
En cuanto al abuso de la prisión preventiva, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sostenido reiteradamente que esta medida debe ser de carácter excepcional, aplicable únicamente cuando sea estrictamente necesaria para asegurar los fines del proceso, y no puede ser utilizada como una forma de pena anticipada ni fundamentarse en criterios abstractos como la gravedad del delito. Asimismo, ha establecido que la prolongación indebida de la prisión preventiva, sin control judicial efectivo, constituye una violación al derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia.
Criminalización de otras Autoridades Indígenas
Por este mismo caso han sido detenidas otras autoridades ancestrales. El 28 de agosto de 2025 fue aprehendido Esteban Toc, exvicealcalde indígena de Sololá, señalado de cinco delitos: asociación ilícita, obstaculización a la acción penal, sedición, obstrucción a la justicia y terrorismo. Permaneció en prisión casi una semana, y el 6 de septiembre un juez de turno le otorgó una medida sustitutiva de arresto domiciliar debido a su delicado estado de salud. Esteban Toc padece una enfermedad rectal crónica y requiere de tratamiento médico con regularidad.
Basilio Puac, exvicepresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, fue detenido el 14 de enero de 2026, y un juez de turno lo ligó a procesos por cuatro delitos: asociación ilícita, sedición, obstaculización a la justicia y obstaculización a la acción penal. La audiencia se realizó a puerta cerrada, pero el juez le otorgó medida sustitutiva de prisión domiciliar.
Existe preocupación de que haya órdenes de captura contra otros miembros de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán de 2023, contra otros miembros de la Alcaldía Indígena de Sololá y posiblemente contra las Autoridades Indígenas de otros pueblos que participaron en las manifestaciones pacíficas de 2023.
Condena Internacional
La comunidad internacional ha condenado este caso de criminalización contra las Autoridades Indígenas de Guatemala. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Relator Especial para los Pueblos Indígenas y otros relatores especiales, y así como funcionarios y representantes de otros países, se han pronunciado al respecto. En su comunicado del 25 de abril, la CIDH señaló:
“La CIDH rechaza la criminalización arbitraria de autoridades indígenas que encabezaron de manera pacífica las movilizaciones sociales de 2023 que procuraban defender la voluntad soberana de la población expresada en las elecciones presidenciales.
“De conformidad con las obligaciones internacionales sobre derechos humanos, todas las instituciones del Estado están obligadas a respetar los derechos de los Pueblos Indígenas, que incluyen el derecho a la protesta y reunión pacífica sin temor a criminalización ni cualquier otro tipo de represalias. En este sentido, el uso abusivo del derecho penal contra líderes indígenas produce un efecto intimidatorio colectivo y socava su derecho a la libre determinación”[1].
Por su parte, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, señaló que “Participar en manifestaciones pacíficas es un derecho humano que no se debe sancionar”.
De igual manera, en una reciente visita a los líderes indígenas en prisión, el Embajador de Derechos Humanos de los Países Bajos, Wim Geerts, señaló que: “Defender la democracia mediante manifestaciones pacíficas no debe ser motivo de persecución”.
En síntesis, es urgente que el Organismo Judicial designe un juez imparcial e independiente para que conozca el caso contra los 4 exdirigentes indígenas, se otorgue una medida de arresto domiciliario a Luis Pacheco y Héctor Chaclán para que puedan continuar el proceso en libertad, y que el próximo fiscal general cese la criminalización y la instrumentación del sistema penal con fines políticos.
[1] CIDH comunicado de prensa 25 de abril 2025 Guatemala: CIDH rechaza la persecución penal contra líderes indígenas que defendieron la democracia