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Virginia Laparra enfrentará un segundo juicio en Quetzaltenango

El 27 de mayo de 2024 iniciará el segundo juicio contra Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, por las denuncias presentadas por el exjuez señalado de corrupción Lesther Castellanos.

El inicio del juicio estaba previsto para el 6 de mayo, pero se suspendió por la ausencia del abogado de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), querellante en el proceso. Esta ya la segunda fecha programada desde mediados de 2023. Los retrasos han sido provocados por las tácticas dilatorias del Ministerio Público (MP) y los querellantes Lesther Castellanos y Omar Barrios, exfuncionario de la administración del presidente Alejandro Giammattei y miembro de la FCT.

Laparra enfrenta dos procesos penales, uno en Guatemala y otro en Quetzaltenango, ambos instigados por los mismos querellantes. La exfiscal Laparra pasó casi dos años en prisión en condiciones deplorables. Finalmente, fue puesta en libertad con medida sustitutiva el 3 de enero de 2024. La persecución contra ella se debe a su trabajo anticorrupción cuando lideraba la FECI.

Los hechos por los que se acusa

Este segundo juicio surge a raíz de la denuncia que Lesther Castellanos presentó contra Virginia Laparra por supuestamente haber revelado información reservada de un caso que ella investigaba en 2017 y que estaba bajo la jurisdicción de Castellanos.

En 2017 Virginia Laparra investigaba dos casos en los que estaba implicado René Villavicencio, trabajador del Fondo de Desarrollo para la Paz (Fonapaz). En el primer caso, Villavicencio estaba siendo investigado por extorsionar a una concejal de la municipalidad de Quetzaltenango, y en el segundo, por lavado de dinero y tráfico de influencias. Concretamente por supuestos cobros a funcionarios de la Municipalidad de Quetzaltenango a cambio de información de casos judiciales. Es importante destacar que Villavicencio reconoció los hechos y fue condenado en ambos casos.

El primer caso estaba siendo tramitado por el juzgado de primera instancia penal, a cargo de la jueza Betzy Alvarado, y el segundo por el juzgado “E” de Mayor Riesgo de Quetzaltenango a cargo de Lesther Castellanos. De Según Castellanos, Virginia Laparra reveló información del caso que se veía en su juzgado en otro órgano jurisdiccional, sin embargo, la exfiscal no reveló ninguna información reservada del proceso contra Villavicencio. Lo que sucedió es que como parte de su trabajo como fiscal solicitó la suspensión de una audiencia porque se tramitaba un acuerdo de colaboración eficaz con Villavicencio.

Violaciones al debido proceso

La primera fase del proceso estuvo a cargo de la jueza Carmen Ines Acú Recinos, del Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, quien fue recusada en tres ocasiones por la defensa de Laparra por tener amistad cercana con Lesther Castellanos. Sin embargo, la jueza Acú rechazó las recusaciones y continuó con el proceso.

En la audiencia de primera declaración del 3 de enero de 2023, la jueza Acú declaró el caso en reserva y retiró de la sala a los medios de comunicación y al público presente. Esta audiencia duró más de tres meses, cuando lo ley establece que la audiencia de primera declaración debe realizarse en un plazo de 24 horas. Además, expulsó de la sala de audiencias a la abogada Geraldina López, del equipo legal de Virginia Laparra, argumentando que Virginia ya contaba con dos abogados en la audiencia.

Imagen: La Hora y La Voz de Xela.
Jueza Carmen Ines Acú Recinos

Durante la audiencia de presentación de pruebas, en abril de 2023, la jueza Acú rechazó los medios de pruebas que presentó la defensa de Virginia, mientras que aceptó todas las pruebas del Ministerio Público (MP) y los querellantes adhesivos. La jueza aceptó como testigos a la jueza Betzy Alvarado, quien tuvo a cargo la audiencia en 2017, al condenado René Villavicencio, a su abogado defensor, así como a una periodista que estuvo presente en la audiencia de 2017. También aceptó a todos los querellantes y a la Procuraduría General de la Nación (PGN)

La jueza Acú envió a Laparra a juicio y resolvió que debía permanecer en prisión preventiva argumentando que existía riesgo de fuga y de obstaculización a la averiguación de la verdad, pese a que Virginia guardaba prisión por el primer proceso que se sigue en su contra en la Ciudad de Guatemala. Durante la primera fase del proceso se observó parcialidad de la jueza Acú a favor del Ministerio Publico y los querellantes adhesivos, y un mal trato hacia la defensa de Virginia Laparra.

Durante este proceso se han utilizado estrategias para retrasar el debate, que tendría que haber iniciado a mediados del 2023. Se atrasó debido a que el MP y los querellantes adhesivos recusaron al juez Moisés de León porque el 26 de julio 2023 le otorgó una medida sustitutiva a Virginia Laparra.

La persecución sistemática

El caso de Virginia Laparra es emblemático porque ilustra la persecución sistemática del MP en contra de operadores de justicia que investigaron o juzgaron casos de corrupción, crimen organizado y de graves violaciones a derechos humanos en Guatemala. Además, se evidencia un afán de venganza del exjuez Lesther Castellanos porque Laparra lo denunció en varias ocasiones por las irregularidades que ocurrían en su tribunal. Lesther Castellanos se ha aliado con el abogado Omar Barrios y la FCT en este nuevo proceso contra Laparra, y la jueza Acú los aceptó como querellantes adhesivos, sin ningún motivo razonable.

El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Lesther Castellanos y Omar Barrios en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos de Centroamérica. En el 2021 también fueron incluidos en la Lista Engel la fiscal general Consuelo Porras, así como Ricardo Méndez y Raúl Falla de la FCT.

Imagen: La Hora
Lesther Castellanos, ex juez y Omar Barrios, abogado

En noviembre de 2022, Amnistía Internacional declaró a Virginia Laparra presa de conciencia y denunció las arbitrariedades que se han cometido en su contra. En junio 2023, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, determinó que la detención de Laparra era arbitraria y el sistema de justicia no había podido demostrar los motivos por los que estuvo detenida casi dos años, ya que no existía peligro de fuga ni obstaculización a la averiguación de la verdad. El Grupo de Trabajo recomendó al Estado de Guatemala otorgar una medida sustitutiva para que Laparra pudiera enfrentar los procesos pendientes en libertad. Finalmente, el 27 de diciembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Jueza Oly González (quien condenó a Laparra a 4 años de prisión en el primer juicio en Guatemala) otorgar medidas sustitutivas. Estas fueron concretadas el 3 de enero de 2024.

El Comité CEDAW también insta al Estado de Guatemala a erradicar el uso arbitrario de la legislación penal como represalia contra defensoras de los derechos humanos con funciones judiciales con el fin de obstaculizar su labor legalmente encomendada.

Reconocimientos a Virginia Laparra

Virginia Laparra es una reconocida exfiscal y ha recibido distintos reconocimientos por su labor como fiscal. El último que recibió fue el premio a la excelencia laboral, otorgado por el presidente Bernardo Arévalo, el premio Quetzal por la democracia y los derechos humanos y la medalla Ixoqib ‘Tz’i – Mujeres de justicia.

Imagen: AGN

Fuentes consultadas: Amnistía Internacional. (16 de diciembre, 2022) Comunicado de Prensa. Guatemala: Presa de conciencia Virginia Laparra es condenada a cuatro años de cárcel. Consejo de Derechos Humanos. Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Opiniones aprobadas por el GTDA en su 96° período de sesiones, 27 de marzo a 5 de abril de 2023. Opinión núm. 24/2023, relativa a Lilian Virginia Laparra Rivas (Guatemala).

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