Recientemente, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe sobre la visita que realizó a Guatemala del 12 al 23 de mayo de 2025. El informe describe la grave crisis que atraviesa la justicia guatemalteca desde la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019, y la política de criminalización que impuso la exfiscal general, Consuelo Porras.
La Relatora afirma que el sistema judicial guatemalteco es fácilmente manipulable por quienes ostentan el poder político y económico, y por fuerzas externas que se benefician de la instrumentalización de la justicia. Señala que las instituciones de justicia han sido cooptadas y la política de criminalización de Consuelo Porras contra exfiscales, jueces, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes indígenas ha debilitado aún más la institucionalidad y ha mermado la confianza ciudadana en la justicia.
La Relatora analiza varios problemas estructurales del sistema de justicia, como:
a. El nombramiento de autoridades judiciales. El mecanismo de comisiones de postulación se ha desviado del objetivo de garantizar nombramientos de funcionarios idóneos mediante procesos públicos, competitivos y objetivos. Se ha convertido en un medio para que actores políticos y privados influyan de manera indebida en los nombramientos judiciales. El informe señala problemas como la participación de universidades de baja calidad en las comisiones de postulación, la falta de una metodología objetiva para evaluar a los aspirantes, la renovación total de los cargos en lugar de un sistema de elección escalonada. Además, de la limitada participación de mujeres, pueblos indígenas y grupos marginados, las amenazas de criminalización contra miembros de las comisiones de postulación.
Con relación a la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, no existen garantías procesales mínimas sobre cómo cada órgano nominador debe identificar, evaluar y seleccionar a los candidatos. La falta de procedimientos claros ha propiciado la discrecionalidad y la arbitrariedad, lo que ha creado un margen para la negociación política, a pesar de las normas internacionales vinculantes que exigen que los procesos de selección judicial sean objetivos, públicos, transparentes y abiertos a la participación ciudadana.
b. La carrera judicial. La Corte Suprema de Justicia continúa concentrando las funciones administrativas del Organismo Judicial y se toman decisiones discrecionales sobre los nombramientos y traslados de jueces. El Consejo de la Carrera Judicial se debilitó con las reformas del Decreto 7-2022 y depende del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Los órganos disciplinarios no funcionan y prácticamente no se investigan las denuncias contra jueces y magistrados, y la Escuela de Estudios Judiciales no cuenta con suficiente autonomía para funcionar.
c. El Ministerio Público. La Relatora señala que es alarmante la concentración de poder de la exfiscal general Consuelo Porras y la instrumentalización del sistema penal para criminalizar. Durante su gestión, Porras despidió a más de 100 fiscales sin seguir un procedimiento disciplinario, removió a jefes de fiscalías especializadas y muchos fiscales a cargo de casos importantes fueron trasladados sin ninguna justificación. Estableció un sistema de presión y terror dentro del Ministerio Público.
La criminalización opera mediante acciones coordinadas entre fiscales, jueces y grupos privados, y existen patrones identificables como: la presentación de múltiples denuncias contra una misma persona, utilización de cargos vagos y excesivos como abuso de autoridad, obstrucción a la justicia y asociación ilícita, abuso de la prisión preventiva, acoso y amenazas contra las víctimas en las redes sociales, designación deliberada de jueces y violaciones al debido proceso.
El informe menciona la resolución de 3.8 millones de expedientes desde 2018; sin embargo, señala que menos del 9% de los casos derivan en acusación, salida alterna o condena. Por lo general, los casos son desestimados antes de llegar a los tribunales y las denuncias de pueblos indígenas y comunidades campesinas se desestiman en las primeras etapas; asimismo, señala el alto nivel de impunidad en delitos de alto impacto y delitos contra las mujeres y los grupos vulnerables.
d. Abogados y abogadas. La Relatora expresa preocupación por las amenazas de criminalización contra abogados que conocen casos de derechos humanos, justicia transicional y derechos de los pueblos indígenas; y por la situación de los abogados y abogadas en el exilio. Además, señala que se debe fortalecer el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para que vele por una práctica jurídica ética y competente. Así mismo, se deben establecer controles ante la proliferación de universidades privadas y facultades de derecho del país que no cumplen con estándares de ética y calidad educativa.
e. Acceso a la justicia. Los grupos vulnerables, mayoritariamente indígenas, siguen teniendo limitado acceso a la justicia debido a que viven en zonas rurales lejanas y la barrera lingüística. Las mujeres y los defensores de los derechos LGBTQ enfrentan discriminación y hostilidades por parte de funcionarios de justicia. El Instituto de la Defensa Pública Penal no cuenta con el presupuesto y personal suficiente para ofrecer asesoría legal gratuita en todo el país, y muchos abogados defensores están sometidos a presiones, amenazas y grandes cargas de trabajo.
f. Justicia transicional. Persiste una sistemática negación de las violaciones del pasado, incluyendo el genocidio, y en el Congreso ha habido intentos de aprobar iniciativas de amnistía. Las víctimas y sobrevivientes siguen enfrentando grandes dificultades para lograr justicia, y varios fiscales y jueces que conocen estos casos del conflicto armado han sido criminalizados o forzados al exilio.
Recomendaciones
La Relatora plantea recomendaciones sobre cinco temas:
1. Criminalización y protección de operadores de justicia
La Relatora insta a todos los organismos del Estado a frenar la criminalización y desestimar de inmediato los casos abusivos contra las personas afectadas.
· El MP debe establecer una unidad específica para que las personas criminalizadas puedan solicitar la revisión urgente y la desestimación de sus casos. Además, debe investigar a los responsables del acoso en las redes sociales y las filtraciones de información confidencial contra operadores judiciales.
· El Organismo Ejecutivo debe establecer mecanismos de protección y apoyo para las víctimas de criminalización en el exilio, incluyendo apoyo legal y psicosocial, servicios profesionales de reintegración para operadores judiciales y abogados desplazados, garantías de retorno seguro cuando sea posible y apoyo legal culturalmente apropiado para líderes indígenas en el exilio.
· El Organismo Legislativo debe implementar la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre realizar un examen independiente del funcionamiento del MP durante la gestión de la exfiscal general Consuelo Porras.
· El Organismo Judicial debe examinar con urgencia los casos que puedan constituir criminalización y desestimar los casos que carezcan de fundamento jurídico, lo que incluye poner fin a la detención preventiva indebida o prolongada y garantizar que se respeten los plazos de las audiencias.
2. Reformas judiciales
Guatemala debe reformar el marco jurídico del sistema de nombramiento de autoridades judiciales para evitar la politización y las injerencias indebidas de actores externos. Dado que las reformas constitucionales requieren mucho tiempo, se recomienda adoptar medidas transitorias como la aplicación de métodos objetivos de evaluación, la realización de entrevistas públicas, establecer mecanismos claros para excluir a los candidatos señalados de corrupción o violaciones a los derechos humanos y la creación de mecanismos que permitan a la sociedad civil participar en la evaluación de los candidatos y la auditoría del proceso.
Se deben adoptar medidas urgentes para separar las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia. Se debe derogar el Decreto 7-2022 y restablecer el Consejo de la Carrera Judicial como órgano independiente que garantice la selección, nombramiento, ascensos y traslados de los jueces. Además, se deben prohibir los traslados o reasignaciones de jueces sin su consentimiento; y garantizar un sistema de asignación de casos verdaderamente aleatorio y verificable.
La Corte Suprema debería emitir directrices sobre cómo usar la prisión preventiva y la figura de la prisión provisional para ajustarlas a las normas internacionales; y emitir directrices sobre el uso de la reserva de los casos prevista en el artículo 341 del Código de Procedimiento Penal.
3. Ministerio Público
Se requieren medidas urgentes para que el MP recupere el papel que le corresponde. Para ello, la Fiscalía General debe: a) Reorientar la política de justicia penal para centrarse en los delitos de mayor impacto, como el crimen organizado, la gran corrupción y la violencia contra las mujeres y los niños; b) Garantizar justicia en casos graves de violaciones a los derechos humanos y los casos de justicia transicional; c) Asegurar que los fiscales de carrera gocen de la autonomía necesaria para su cargo y que no se les pueda instruir para que actúen en contravención de sus deberes éticos y su función profesional; y d) Asegurar que se ponga fin a la contratación, destitución, sanciones y traslados arbitrarios de fiscales.
4. Profesión jurídica
El Colegio de Abogados y el Tribunal de Honor deben velar por el cumplimiento de normas éticas profesionales rigurosas y anticorrupción, llevar a cabo procedimientos disciplinarios transparentes y eficaces, y proteger a los abogados que sean objeto de persecución por defender a personas criminalizadas.
Se debe fortalecer la calidad de la educación jurídica y salvaguardar la autonomía de las universidades, incluso mediante procesos rigurosos de acreditación y evaluación periódica de las facultades de derecho, realizados por órganos técnicos independientes y basados en indicadores claros, objetivos y de acceso público.
5. Acceso a la justicia
Se deben fortalecer los recursos institucionales, financieros y humanos del Instituto de la Defensa Pública Penal para garantizar el derecho a la defensa. El Estado debe garantizar que los servicios de defensa pública sean accesibles a todas las personas que carecen de medios suficientes, incluso en comunidades rurales y marginadas, y que los defensores públicos operen libres de injerencias indebidas.
El sistema de justicia debe garantizar la interpretación certificada en todos los procedimientos que involucren a personas que no hablan español, trabajar para incluir a las comunidades rurales y empobrecidas en el acceso al sistema judicial digital y garantizar infraestructura adecuada para usuarios de los tribunales con discapacidad.
El sistema judicial debe proteger los derechos de todas las personas, incluidas las mujeres y las personas LGBTQ+, asegurando la igualdad de acceso a la justicia, procedimientos oportunos e imparciales y la protección contra la discriminación, el acoso y la violencia.
El informe completo se encuentra disponible aquí